También se invalidará la modificación al reglamento que éstos hicieron para seguir cobrando sueldo y prestaciones hasta que culmine el periodo para el que fueron designados, adelanta Carlos Eduardo Bello
Agosto 15, 2025
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, quien presentó una de las iniciativas de armonización para la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), informó que los comisionados no recibirán compensaciones ni gratificaciones extraordinarias una vez desaparecido el organismo, como ellos lo pretendían.
En entrevista, Bello Solano explicó que la reforma a la Constitución local aprobada el miércoles en sesión extraordinaria, establece dos artículos transitorios en donde se indica el procedimiento y la situación laboral que habrá para los trabajadores del Itaigro y los comisionados.
“Nos vamos a apegar a lo que marca la Ley de Trabajado de los Servidores Públicos del Estado, así lo establece la Constitución y para los comisionados no habrá ni compensación ni gratificación extraordinaria, simplemente lo que establece la ley de los trabajadores”.
Esto porque el mismo morenista denunció públicamente que los tres comisionados del Itaigro modificaron su reglamento interno para seguir cobrando su sueldo y prestaciones laborales hasta que culmine el periodo por el que fueron designados, a pesar que sabían que dicho organismo desaparecería una vez armonizada en Guerrero la reforma federal constitucional en materia de simplificación orgánica.
Se trata de Horacio Díaz Quiñones, María de Lourdes Ortiz Basurto y Roberto Nava Castro, quienes aprobaron el artículo 70 del Reglamento del Itaigro para autoasignarse el pago de su sueldo, y prestaciones hasta el término de su nombramiento, no así para el resto de trabajadores del organismo.
Con las modificaciones hechas por ellos mismos, Nava Castro, quien concluye su periodo en 2027, la modificación le permitiría continuar recibiendo un salario durante dos años adicionales; la comisionada María de Lourdes Ortiz Basurto seguiría cobrando hasta 2030, al igual que el comisionado presidente Horacio Díaz Quiñones.
Dichos acuerdos, de acuerdo con Bello Solano no se aplicarán con la aprobación y la entrada en vigor de la reforma constitucional, y sus liquidaciones con la desaparición del Itaigro serán las que marque la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado.
“Toda determinación que este fuera de los artículos constitucionales es contrario y queda sin vigencia ni materia, y no aplica lo que ellos hayan reformado. Lo establece la constitución y es muy claro el transitorio que es lo que aplica para los comisionados, cero compensaciones, cero gratificaciones, se tienen que apegar a la ley en la materia para evitar lo que quería hacer, pero ya lo estamos corrigiendo”.
De acuerdo con artículo quinto transitorio de la reforma: “Las personas comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria. Para efectos del cese de sus funciones, se estará a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, por lo que no procederá compensación cualquier otro tipo de gratificación por el tiempo de servicio prestado”.
Para el caso del resto de los trabajadores del Itaigro, el artículo sexto transitorio indica que sus derechos laborales serán respetados de acuerdo a la normativa vigente, y para el caso del personal operativo y especializado cuya antigüedad sea mayor a un año, podrán ser incorporados a las nuevas instancias instancias administrativas competentes que asumirán la funciones del Instituto.
De acuerdo con Bello Solano, la extinción del Itaigro se formalizará una vez se aprueben las layes secundarías en la materia, por lo que aún falta que culmine el proceso legislativo en el que 43 ayuntamientos validen la reforma, su publicación en el Periódico Oficial y a partir de ahí dejar correr 60 días para la aprobación de leyes y reglamentos secundarios.