Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido en un retén militar en 1974, denunció que es ofensivo para familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en México hace 50 años, particularmente de Guerrero, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rinda honores a sus perpetradores.
Radilla Martínez fue consultada vía telefónica sobre la ceremonia que presidió este lunes el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para depositar con honores en el panteón Dolores de la Ciudad de México los restos de Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la misma dependencia entre 1970 y 1976, cuando se aplicó el plan Telaraña para exterminar a la guerrilla en Guerrero y se ordenaron los llamados vuelos de la muerte con aviones que despegaron desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Recriminó que parecen reacciones para reivindicar a la institución castrense, “como si hubieran hecho algo bueno, cuando andaban asesinando, desapareciendo, agrediendo a la gente de una manera terrible” en el periodo de la también llamada guerra sucia contra los movimientos guerrilleros y contra la población que en la óptica de los militares los apoyaba.
Recordó que las familias estaban en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara la sentencia de la jueza de Guanajuato, Karla María Macías Lovera (agosto 2024), donde se reconoce que hubo el terrorismo de Estado en contra la población en la década de los 1970 para exterminar a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, y ordenó el enjuiciamiento de todos los involucrados incluidos altos mandos de la Sedena: “¡En lugar de eso salen con esta cosa!”, recriminó.
La sentencia corresponde al juicio de amparo que promovió Tita Radilla hace unos seis años, con el acompañamiento de Fundar, por la falta de diligencias del Ministerio Público en la búsqueda de su padre.
Recordó que desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y ordenó acciones para su localización, de carácter obligatorio.
Estimó que la ceremonia para Cuenca Díaz debió tener la autorización de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas en México.
Llamó a la presidenta a que tener en cuenta que es el momento de que el Estado mexicano pague la deuda con las familias por los hechos cometidos hace más de 50 años.
Recordó que el Ejército también reaccionó a la primera ocasión que se abrió el Campo Militar 1 a las víctimas del terrorismo de Estado, mal llamado “Guerra sucia”, en una ceremonia presidencial, donde se ofreció el acceso a los archivos para conocer el destino de los desaparecidos.
En respuesta, denunció que la Sedena anunció una ceremonia para inscribir los nombres de los militares fallecidos en los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se realizó el 22 de junio de 2022.  “¡En lugar de sancionar a quienes son responsables del terrorismo de estado que ocurrió en aquel momento en el país, y particularmente en el estado de Guerrero! Me parece grave, no se puede sancionar cuando nosotros como familiares de las personas que fueron sacrificadas en aquel momento, la verdad no se puede estar haciendo eso, no sólo están homenajeando a los vivos, también a los que están muertos, como si fueran héroes”.
Aclaró que los movimientos de víctimas y familiares de los desaparecidos han demandado que retiren de las calles, escuelas, plazas públicas los nombres de los perpetradores de crímenes aberrantes, “y en lugar de eso se hace un homenaje y creo que no vamos a estar de acuerdo nunca en eso, es algo muy grave que tratan de minimizar los hechos, no se puede premiar a quienes estuvieron delinquiendo contra los que deberían de defender”.
Sobre el acercamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum con los militares, indicó que mantienen la comunicación con la Secretaría de Gobernación, y a diferencia del gobierno anterior, también hay diálogo con la Fiscalía General de la República. Aclaró que a esas reuniones no van los militares como institución responsable de estos crímenes.
Añadió que si la SCJN confirma la resolución de la jueza de Guanajuato “será de aliento para nosotros para seguir en esta lucha”.