La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), condenaron la violencia en el penal de Las Cruces en Acapulco que el 6 de junio pasado dejó 28 internos muertos y cuando menos otros tres resultaron heridos, y demandó una investigación “pronta, diligente y respetuosa del debido proceso”.
“La UNODC y ONU-DH condenan los hechos ocurridos en el penal de las Cruces, en Acapulco, Guerrero”, dice el comunicado fechado este lunes.
Las dos instancias de la ONU también hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que conduzcan una investigación “pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia sucedida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares”.
La UNODC y ONU-DH piden, asimismo, una medida fundamental de prevención para que hechos como el ocurrido el 6 de julio en el penal de Las Cruces en Acapulco no vuelvan a suceder. Consideran que sólo con una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables y pidieron que no haya repetición de casos como éste.
En el escrito, en el que también ambas oficinas expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas “en estos difíciles momentos”, las agencias de Naciones Unidas firmantes recuerdan a las autoridades las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad.
“Las autoridades deben tener presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como las Reglas Mandela, que establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, velando en todo momento por su seguridad”.
De acuerdo al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria aplicada en el 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero ha reprobado en los últimos seis años en materia de tratamiento y respeto a los derechos humanos de los internos. Incluso el pasado 2016 obtuvo la calificación más baja de los últimos 6 años con 4.39 de calificación. Asimismo ocupó el penúltimo lugar después de Nayarit, que alcanzó una calificación de 4.37.
Los aspectos que se detectaron fueron sobrepoblación, hacinamiento, falta de separación entre hombres y mujeres, así como la ausencia de servicios para mantener la salud de las personas privadas de su libertad.
En su comunicado la UNODC y ONU-DH reiteran su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país.