Lourdes Chávez

Chilpancingo

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y las organizaciones que los acompañan, señalaron que en caso de ser sólida y apegada a derecho la imputación contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el proceso puede llegar a saldar una deuda histórica.
En un comunicado, aclararon que no han sido notificados de la detención, y por lo tanto no conocen de qué se trata la imputación.
Sin embargo, a partir de las publicaciones en los medios de comunicación, supieron que el entonces gobernador de Guerrero, presuntamente no preservó y ordenó ocultar o desaparecer cualquier evidencia relacionada con los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurridos en Iguala.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra el político guerrerense por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia derivados de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
En ese sentido, señalaron que de ser sólidos los cargos, basados en los testimonios de dos colaboradores, las instancias de impartición de justicia, “podrán saldar una deuda histórica con las familias de los estudiantes”.
Además de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, firman el comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Tiene mucha responsabilidad, dice Mario González

En consulta por separado, el señor Mario González, papá de normalista desaparecido, César Manuel González Hernández mencionó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “lo gritaba al cielo” que Aguirre tiene mucha responsabilidad en los hechos, porque conoció en el momento de los ataques en Iguala mediante el Centro de Comunicación Control y Comando (C-4) que operaba el Ejército en ese momento.
No obstante, dijo que su detención le causó desconcierto ya que ante las actuaciones de anteriores funcionarios de gobierno, estimaron que sería indultado.
Recordó que en la administración del presidente Andrés Manuel López, su primera secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero sólo escuchaba sus planteamientos y no respondía nada.
“Estuvo muy bien (la detención), lo hemos pedido durante 12 años, todos lo sabían, que (Ángel Aguirre) tenía algunas pruebas en sus manos, y sabía del momento del ataque de nuestros hijos. Esperemos a que definitivamente lo procesen”.
Agregó que sus asesores llegaron a pensar que iban a “indultar” a Aguirre, porque no querían exigir su detención. Incluso, señaló que cuando Alejandro Encinas era subsecretario de Gobernación, un juez paró varias órdenes de aprehensión de funcionarios de alto nivel de Guerrero.
Sin embargo, la línea de investigación contra el exgobernador de Guerrero cambió de manera reciente, a señalar su responsabilidad estricta sobre el ocultamiento o destrucción los videos del Palacio de Justicia en Iguala, con imágenes del último paradero de un grupo de 13 a 20 de los estudiantes desaparecidos, la noche del 26 de septiembre.
Antes, la acusación principal era la omisión del ex mandatario, por no haber tomado las previsiones, para evitar la desaparición forzada de los estudiantes.
El señor Mario destacó que la FGR dice que supuestamente tienen dos testigos protegidos que lo están señalando, “creo que es importantísima la detención si llevan bien el juicio. Esperamos que sí tengamos resultados”.
Pidió que no le pase igual que al exprocurador Jesús Murillo Karam, que obtuvo prisión domiciliaria a pesar de que está procesado por delitos graves: desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
“Así (con prisión domiciliaria) no veo mucha relevancia de la detención. Lo principal es que hable, él sabe dónde están los muchachos. El Centro de Comunicación Control y Comando (C-4) estaba en manos del Ejército, desde donde observaron el ataque certero a nuestros hijos”.
El problema, advirtió, es que muchos de los detenidos se reservan el derecho a guardar silencio.