Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Burocratismo, corrupción, tráfico de influencias, y coyotaje son vicios que todavía prevalecen en la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su recomendación de “cero corrupción”, denunció el presidente de la Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Bahías de Papanoa y asesor jurídico del Ejido Carabalí, Jorge Armando Cerda Wggnes.
Vía telefónica, el representante agrario denunció que por la corrupción que prevalece en esa dependencia, tiene atorado desde marzo pasado un trámite de conversión de tierras ejidales a pleno dominio (o propiedad privada), en el Ejido Carabalí.
El caso de Cerda Wggnes, quien es socio de un ejidatario con el que pretende realizar un proyecto inmobiliario que beneficiaría al ejido Carabalí, municipio de Acapulco, es de lo más sencillo y, según él, se puede resolver en pocos días.
Sin embargo está atorado en el RAN porque no ha aceptado “las extorsiones” del personal que le propone protocolizar sus documentos con un notario público que le cobra 20 mil pesos, y no ha querido asesorarse de un abogado que le cobra otros 5 mil pesos, a pesar de que entregó todos los documentos que señala la ley.
Cerda Wggnes dijo que no necesita los servicios del notario ni del abogado. “Lo único que requiero es hacer el trámite de conversión de tierras ejidales a pleno dominio, o propiedad privada, pero he sufrido los embates y la ambición de los funcionarios del RAN con sede en Chilpancingo, que como perros rabiosos se me han ido encima.”, denunció.
Explicó que para el trámite que está solicitando los requisitos son precisos y que el mismo RAN y la Procuraduría Agraria (PA) los hace públicos, pero que el personal del mostrador que le recibió los documentos de inmediato le pusieron cinco “trabas”, una de ellas es la protocolización de los documentos por parte de un notario y dijo que la empleada le recomendó uno que le cobra 20 mil pesos por hacérselo.
Explicó que la misma empleada, en seguida, llamo a otro trabajador también del mostrador a quien le pidió que revisara la documentación y éste le dijo que necesitaba a un abogado para que lo asesorara, y hasta le dijo: “ah, mire, ahí viene uno que le puede ayudar”. Agregó que el profesionista se ofreció a ayudarlo por 5 mil pesos.
Informó que el trámite lo inició el 3 de marzo y apenas la semana pasada se enteró que ni si quiera han enviado los documentos a las oficinas de la Ciudad de México para su resolución, y, supone, que el motivo fue porque no acudió con el notario que le cobraba los 20 mil pesos y tampoco contrató al abogado que la cobraba 5 mil para revisarle el expediente.
Aseguró que ese trámite regularmente se realiza en dos días, pero en su caso han pasado más de tres meses.
Informo que envió una carta al presidente López Obrador solicitándole su intervención para que se agilice el trámite porque uno de los empleados del mostrador le informó que se necesitan 90 días para estudiar el caso, y después envían los documentos a la Ciudad de México.
Dijo que le aclaró que tiene los requisitos que señala la ley, como la solicitud, la convocatoria de la asamblea que debe realizarse, el acta de la asamblea que es la autoridad máxima para autorizar el trámite, y el padrón de ejidatarios.
Pero el empleado le contestó que “hay mecanismos que no están contemplados en la ley”, y cuando Cerda Wggnes le preguntó qué cuáles son, le insistió que “por eso necesitaba una asesoría legal”.
Aseguró que la conversión de tierras ejidales a dominio pleno o propiedad privada, “es uno de los trámites más sencillos que el ejidatario puede hacer ante el RAN” y que para ello se requiere solamente la convocatoria correspondiente con los días de anticipación que marca la ley, el acuerdo de la asamblea de ejidatarios con la aprobación del 51 por ciento, la copia del certificado parcelario, la identificación del solicitante y la copia del padrón de ejidatarios, documentos que ya entregó.
Se quejó que si esto le pasa a alguien como él que sabe y conoce la ley, qué pasará con los campesinos que vienen de otros municipios a arreglar sus documentos.
Contó que durante sus reiteradas visitas a esa delegación federal, se ha dado cuenta de muchos casos de corrupción y de tráfico de influencias.
Agregó que en una ocasión vio a una mujer que llegó con la recepcionista a la que le entregó sus documentos y que después de revisarlos la empleada le dijo que le faltaban algunos requisitos.
–Como cuales?,-preguntó la mujer.
–Pues, son varios, necesita asesorarse -, le aconsejó la empleada, quien en seguida le mostró a uno abogado que en ese momento entraba a la recepción y que se llevó a la mujer.
Informó que es posible que los abogados que están afuera de las oficinas esperando “clientes” entreguen alguna comisión a los funcionarios para que los dejen trabajar afuera.
En esa dependencia actualmente esta como encargado de la delegación, el subdelegado Técnico, Juan Ocampo Hernández, en sustitución de Francisco Javier Rendón Secundino.
“Al parecer el nuevo delegado del RAN, no entendió las instrucciones del presidente de la República para todos los funcionarios de su Gobierno, en el sentido de combatir la corrupción que tanto afecta a los ciudadanos”, dijo también Cerda Wggnes en un texto que envió a El Sur.