Una piedrita en el zapato. Eso es para las autoridades del gobierno del estado el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Este sacerdote franciscano que llegó a dirigir la diócesis Chilpancingo-Chilapa en junio de 2015, comenzó a darse a conocer en Guerrero por declaraciones propias del dogma conservador de la Iglesia católica, en particular su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Pero la realidad de violencia del estado, que se sufre con particular crueldad en la región eclesial bajo su jurisdicción, le fue imponiendo una agenda de cercanía con las víctimas y de crítica frontal a la estrategia de seguridad que aplican los gobiernos federal y estatal.
Este sacerdote cercano a cumplir los 72 años y quien se ordenó en 1974, a los 28 años, es el pastor de los católicos que viven en los municipios de la Montaña baja, zona Norte y parte de la sierra, donde se encuentran algunas de las poblaciones más afectadas por la narcoviolencia. Una breve lista de éstas traerá a la memoria del lector imágenes de masacres, hallazgos de fosas clandestinas, cuerpos tirados en barrancas, ejecuciones en sitios públicos a la luz del día, mutilados, calcinados, retenes en caminos y carreteras, extorsiones, extensos cultivos de la bella flor de la amapola.
Nos referimos a Iguala, Chilapa, Chilpancingo, Teloloapan, Taxco, Chichihualco, Tlacotepec, Quechultenango…
Pudo Salvador Rangel, como sus antecesores, llevársela tranquilo, como un pastor tradicional, atento a las liturgias, las fiestas patronales, el trato con las familias de católicos adinerados o en el poder. Imposible voltear a ver hacia otro lado, y dejar morir literalmente a sus feligreses. Y le entró al problema.
Este cura chapeado y de estatura media que nació en Tepalcatepec, Michoacán, la cuna de las autodefensas del doctor José Manuel Mireles alguna vez comentó, jocosamente, que la violencia no le significaba nada nuevo, ni las bombas, ni el sonido de las metrallas. Que no le tenía miedo. Y es que fue de 1993 a 1997, colaborador en la Custodia de Tierra Santa en Palestina con sede en Jerusalén, que crearon los franciscanos y que fue un proyecto del mismísimo Francisco de Asís. Cinco años en el corazón del conflicto sangriento creado por la ocupación israelí de territorios palestinos.
Y desde que le entró al tema no ha dejado de crear polémica, ni el disgusto del gobierno del estado. Comenzó proponiendo que para disminuir la violencia en el estado las autoridades tienen que dialogar y pactar con los líderes de los grupos delictivos. E incluso se ofreció para posibilitar ese diálogo.
Luego,  Rangel soltó la bomba nada menos que en Iguala, la ciudad que a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se convirtió en sinónimo de colusión entre políticos y funcionarios con los grupos de la delincuencia organizada.
Allí dijo que en el millonario negocio del tráfico de drogas “hay muchas autoridades coludidas” de los tres niveles de gobierno, y ese es el gran problema que explica porqué la violencia no termina.
Más adelante remató: “Todo mundo sabe que hay autoridades coludidas con las bandas del crimen organizado”.
Ese fue el talante del enfrentamiento que se dio durante todo el año, con las autoridades buscando algún punto débil en las críticas del obispo.
Uno que quisieron explotar fue el reconocimiento de Rangel de que se ha reunido con jefes de grupos criminales, como lo reconoció desde el 27 de marzo, aunque entonces no mencionó con quienes. Luego dijo que se había encontrado con líderes de la banda de Los Ardillos y, más recientemente, con el conocido como El Señor de la I.
Ha explicado que lo hizo porque algunos sacerdotes estaban siendo amenazados “y otro tuvo problemas más graves”; o porque los maestros no podían subir a la sierra, y el intercedió para que se los permitieran.
Llegó incluso a declarar que se trata de grupos con base social, que también están preocupados por la pobreza de la gente y que su problema es con otros grupos rivales y no con la población en general.
Esto le trajo críticas del gobierno a las que respondió diciendo que las autoridades también se reúnen con los jefes de los cárteles y llegan a acuerdos “por debajo de la mesa”, pero que no han querido resolver el problema de la violencia porque no les conviene, pues “en el fondo hay cierta repartición de dividendos”.
En el camino de este enfrentamiento, y como responsabilizándolo de no poder callar al obispo, el gobierno destituyó al subsecretario de Asuntos Religiosos, Jorge Alberto González Rivero y más adelante llegó al extremo de degradar a esa dependencia de la Secretaría General de Gobierno creada hace 18 años, para convertirla en una Dirección.
El enojo del secretario de Gobierno Florencio Salazar llegó hasta el Congreso local. Aquí, en su comparecencia por el segundo informe de Héctor Astudillo, Salazar no dejó pasar el conflicto con el obispo de Chilpancingo-Chilapa a quién acusó ante los diputados de que sus críticas no tenían fundamento y que no presentaba pruebas ante las autoridades competentes de los nexos de políticos con el crimen organizado.
Más aún, el secretario reveló que envió a la Secretaría de Gobernación –que regula las relaciones del Estado con las iglesias– todas las declaraciones del obispo Rangel sobre el tema y, en particular, la que se refiere a que reconoció que se ha reunido “con grupos de la delincuencia, bajo el supuesto de promover acuerdos para terminar con la violencia”.
Otro punto de conflicto ha sido las duras críticas del obispo a la controvertida Ley de Seguridad Interior. Además de unirse a los señalamientos de que la nueva norma pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, la ve como una maniobra para favorecer al gobierno y al PRI en las elecciones presidenciales en curso.
“Yo personalmente creo que es una movida política ahora que vienen las elecciones para poder desplazar al Ejército en las calles y eso va a atemorizar más a la gente”, dijo el obispo con todas sus letras.
Ya al final del año vino una suerte de reconciliación. El obispo invitó al gobernador a conocer las instalaciones de la nueva Casa Diocesana, y Rangel hizo una declaración condescendiente, subrayando que con el gobernador mantiene una interlocución permanente y que el problema ha sido con su secretario de Gobierno, Florencio Salazar.
Como sea, la voz del obispo Salvador Rangel ha aireado el debate democrático en el estado. No ha sido conservador para usar el valor simbólico y terrenal de su investidura en una cuestión delicada, algo que evaden representantes de otras instituciones. No estaríamos en los primeros lugares de todo lo malo en el país si hubiese más personajes usando su poder como lo hace el obispo de Chilpancingo.
Muchas primeras planas de El Sur recogieron sus punzantes y oportunas declaraciones, y por eso lo consideramos uno de los personajes del año. (Juan Angulo Osorio con información de Zacarías Cervantes).