A pesar de que en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el gobierno de Héctor Astudillo Flores calificó la presencia de grupos de autodefensa, policías ciudadana y policías comunitarias, como un factor de riesgo para la seguridad y se comprometió a erradicarlas, en los dos años de la actual administración se crearon por lo menos otros ocho grupos, la mayoría de ellos con señalamientos de estar infiltrados o de tener vínculos con el crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicó en 2013, en su Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado, la presencia de estos grupos en siete regiones y en 46 de los 81 municipios, pero incluyó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que está amparada por la Ley 701 de Reco-nocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indí-genas del Estado de Guerrero.
Los otros grupos son la Unión de Pueblos y Organizaciones del Es-tado de Guerrero (UPOEG); la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), ya disuelta; la Coordinadora Regional de Segu-ridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temala-catzingo, Olinalá; la Policía Ciudadana de Olinalá, la Coordi-nadora Regional de Autoridades Comunitarias (PCO-CRAC), que no mencionó como parte de la CRAC; y la policía comunitaria del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).
Pero después del informe de la CNDH, entre el 2013 y 2015, se crearon tres grupos más. El 11 de febrero de 2015 hizo su aparición en Chilapa y José Joaquín de Herrera, la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, encabezada por Cirino Plácido Valerio, que tiene su Casa de Justicia en Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. El grupo no está reconocido por la casa matriz de la CRAC San Luis Acatlán, y fue una escisión por conflictos internos.
Asimismo, el 8 de febrero de 2014 se creó en Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso, una policía comunitaria, también desvinculada de la CRAC original.
El 24 de enero de 2015 hizo su aparición en los pueblos del Valle de El Ocotito, la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de los Pueblos de Guerrero (FUSDEG), que es una escisión de la UPOEG y que llegó a tener presencia en Petaquillas, municipio de Chilpancingo, y en Xaltianguis municipio de Acapulco, pero que ahora ha sido replegada a Tierra Colorada y La Palma, municipio de Juan R. Escudero.
Hasta 2015 estos eran los grupos, pero ya en el gobierno de Héc-tor Astudillo, entre 2016 y 2017, surgieron cuando menos ocho nuevos grupos, autodenominados policías comunitarias, policías ciudadanas o movimientos de autodefensa, con lo que su presencia abarcó todas las regiones (en el informe de la CNDH no se incluyó la zona Centro).
Además, la presencia de estos grupos aumentó de 46 a 54 municipios. Los ocho nuevos municipios son Leonardo Bravo, Chilpancingo, Chilapa, Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Eduardo Neri, Teloloapan y Zihuatanejo.

Ilegalidad y ligas con el crimen

En su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, que el gobierno de Astudillo entregó al Congreso local el 25 de febrero de 2016, estableció que al clima de inseguridad que priva en Guerrero contribuyen factores como “la presencia de grupos de autodefensa ciudadana y policías comunitarias, algunos con reconocimiento legal y apoyo por parte del Estado, y otros ilegales”.
El documento reconoce, asimismo, que si bien en teoría fueron creados para realizar tareas de vigilancia ciudadana y evitar que las organizaciones criminales penetrasen en sus comunidades, “con frecuencia son cooptados por dichas organizaciones o en ocasiones atentan contra los derechos humanos con detenciones arbitrarias, aplicación de justicia por propia mano, tortura o incluso asesinatos”, y se propone erradicarlos como parte de las soluciones al problema de la inseguridad.
Además, en su visita a Chilpancingo, el 18 de julio pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan esos grupos de autodefensa, “que se hacen llamar policías ciudadanas o comunitarias”.
Declaró que el gobierno federal tiene información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
A un lado de Osorio Chong, quien ese día improvisó una conferencia de prensa en la cancha de la colonia Capellanía, al norte de Chilpancingo, estaba el gobernador Astudillo Flores.
Sin embargo, nueve días después (el 27 de julio), el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, advirtió en declaraciones a El Sur: “Quienes quisieran que hubiera una acción más contundente (contra esos grupos de civiles armados), pienso yo que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían”.
Consultado sobre el tema en las instalaciones de la 35 Zona Militar, el jefe militar declaró que, en efecto, tiene indicaciones de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas, pero que se está privilegiando el diálogo.

Nuevos grupos

El 29 de mayo de éste año habitantes de nueve pueblos del municipio de Eduardo Neri presentaron en una marcha y con un bloqueo a la carretera federal México-Acapulco, cerca de Mezcala, a su policía comunitaria que actualmente tiene su base en Mezcala, pero sus integrantes han llegado a realizar acciones hasta en Zumpango, la cabecera municipal.
Antes, el 7 de mayo, unos 3 mil habitantes de Heliodoro Castillo presentaron a su grupo de autodefensa que denominaron Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT). En la presentación estuvieron los civiles armados de Apaxtla, Teloloapan y San Miguel Totolapan, de la región de Tierra Caliente y Sierra.
Este bloque de policías comunitarios ha sido vinculado por habitantes de pueblos de Heliodoro Castillo y Tierra Caliente en redes sociales con el grupo criminal que controla Tlacotepec, Juan Castillo Gómez, El Teniente, de quien aseguran en videos que se ha aliado con el grupo criminal de Raybel Jacobo Almonte, El Tequilero. El grupo criminal ha irrumpido en varios pueblos de la Sierra, entre ellos Pueblo Viejo y Polixtepec.
El 14 de julio también de este año, surgió la autodenominada Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, con sede en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo. En su presentación acudieron unas 500 gentes de los ejidos de Vallecitos de Zaragoza, Junta de Dos Ríos, Zihuaquio, Río Frío de los Fresnos y Los Ciruelos, municipio de Zihuatanejo.
El 2 de agosto, habitantes de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, anunciaron la creación de su autodefensa denominada Vecino Vigilante, luego de que el 25 de julio ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Federal, con saldo de un agente muerto y dos heridos; lo que derivó en la irrupción de cientos de agentes que catearon casas y decomisaron vehículos y teléfonos celulares, que los habitantes calificaron como abusos y violaciones a sus derechos humanos.
Actualmente los integrantes de Vecino Vigilante instalan esporádicamente filtros en la entrada de la población.
Antes, el 8 de febrero del 2017, pobladores de Petaquillas instalaron un bloqueo en la carretera federal durante siete horas, para exigir la salida de un campamento del Ejército mexicano que se había instalado a raíz de la ejecución de seis hombres de Chacotla, municipio de Mochitlán.
Los habitantes de ese lugar acusaron del múltiple crimen al grupo criminal de Los Ardillos, a integrantes del Cartel de la Sierra y a la policía ciudadana de la UPOEG.
Después del bloqueo que logró la salida del Ejército, el comisario municipal, Mario Flores, declaró que la seguridad quedaría a cargo de su “policía rural” y la minuta fue firmada por el delegado de la secretaría de Gobernación, Ramiro Ávila, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Martín Maldonado.
El 21 de febrero El Sur publicó un reportaje en el que recogió testimonios de la gente de que un comandante de esa “policía rural”, que vigilaba Petaquillas, se presentaba ante los pobladores con la frase: “Somos Los Ardillos, somos de la maña”.
En diciembre de 2016, habitantes de San Miguel Totolapan crearon el Movimiento por la Paz, para defenderse del grupo criminal de Los Tequileros. Su primera acción fue la privación de la libertad de María Félix Almonte, madre de Raybel Jacobo, El Tequilero, y a 20 personas más a quienes intercambiaron por el ingeniero Isauro de Paz, quien había sido secuestrado a su vez por el criminal.
Tras el intercambio, el 16 de diciembre, el Movimiento creó su grupo de autodefensa y formó guardias de civiles armados, para vigilar entradas y salidas de la cabecera municipal. El grupo civil ha sido vinculado con La Familia Michoacana, aunque sus representantes se han deslindado.
El 11 de enero de 2016 habitantes de Teloloapan también presentaron a su policía comunitaria tecampanera, con el apoyo del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, para defenderse, según declararon entonces, del grupo criminal la Familia Michoacana. En videos difundidos en noviembre del año pasado la tecampanera fue acusada de proteger al grupo criminal Guerreros Unidos, también acusaron al alcalde Robell Uriostegui Patillo y al gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 3 de diciembre de 2015, ya en el gobierno de Héctor Astudillo, comisarios de unas 30 comunidades de Chilapa, que irrumpieron del 9 al 14 de mayo de ese año en la cabecera municipal, supuestamente en busca de personas levantadas por el grupo criminal de Los Rojos, formalizaron la presentación de su policía que denominaron Comunitaria por la Paz y la Justicia AC.
La agrupación tiene presencia en unos 30 pueblos, principalmente en Tlaltempanapa. El presidente del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, ha declarado insistentemente que los civiles armados tienen vínculos con el grupo de Los Ardillos y los ha acusado de czometer asesinatos y levantones.