Lourdes Chávez

Chilpancingo

A nombre del grupo parlamentario del PRD, el diputado Ociel Hugar García Trujillo demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, “que dejen de aparentar con políticas públicas fallidas”, y garanticen un proceso electoral pacífico, donde todos los candidatos puedan transitar con libertad en el estado.
De lo contrario, los resultados de la elección del 6 de junio, “no serán legítimos”.
En la sesión plenaria, el perredista pidió “mayor énfasis a aquellos casos donde existe evidencia de peligro”, como el del candidato a diputado local Evodio Velázquez Aguirre, que la semana pasada supo que hombres armados lo estaban buscando en la colonia donde vive, en la capital.
García Trujillo recordó los asesinatos de aspirantes en este proceso electoral: en Zitlala, Jaime Dámaso Solís; en Acapulco, Ricardo Taja Ramírez y Moisés Tomás Juárez Abarca; en Chilapa, Marcelino Ruiz Esteban y Tomás Morales Patrón; en Copala, Jesús González Ríos; en Atoyac, Alfredo González Díaz, de acuerdo con los datos del Laboratorio Electoral.
Advirtió que la violencia es consecuencia de la falta de resultados de las autoridades ministeriales y judiciales, “por eso es impostergable que realicemos un análisis de estas instituciones, para ver qué es lo que está fallando, o qué es lo que se está dejando de hacer, en donde están las fallas para poner en práctica acciones que permitan vivir en una sociedad en paz”.
Urgió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial, “a que actúen y que no quieran seguir aparentando con políticas públicas fallidas”.
Exigió seguridad para las candidaturas, equipos de campaña, con coordinación permanente entre ciudadanía y las autoridades, para no dejar que la inseguridad gobierne a Guerrero, así como para los guerrerenses.
“La protección de los participantes políticos es crucial para asegurar que la democracia funcione correctamente, permitiendo que el proceso político se desarrolle sin miedo”.
Señaló que todo acto de violencia, asesinato, coerción e intimidación dirigido a candidatos es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes populares.