Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, partido que gobierna en Ahuacotzingo y Leonardo Bravo, pidieron al Congreso local que llame a comparecer a la  secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta, y al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, para que expliquen las acciones en seguridad.
También el porqué a los policías municipales que aún no están certificados se les han asignado armas, y reclamaron que la discusión se centre en que no estaban certificados y no en la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad y del gobierno federal para resguardar los recursos federales que envían.
A los integrantes del PAN se les preguntó durante una conferencia de prensa en sus oficinas, por los hechos ocurridos en Ahuacotzingo, donde fueron asesinados cinco policías municipales y dos custodios del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para robarles 997 mil pesos del programa federal Prospera.
La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nybia Solís Peralta declaró que los policías asesinados no estaban evaluados ni capacitados y tampoco estaban registrados como elementos policiales en el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que dijo que sería sancionado el alcalde panista Gerzaín Hernández Casarrubias.
El presidente estatal del PAN Marco Antonio Maganda Villalva comentó que el alcalde le informó que los policías municipales asesinados sí estaban dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública pero estaban en proceso de certificación.
Y que ya lo estaba “apoyando a las familias” de los uniformados. Lamentó que la funcionaria estatal realice juicios sin tener la información completa de la situación de los policías municipales.
Maganda Villalba dijo que debe ser Nybia Solís quien explique porque los policías municipales sin estar certificados, estaban dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad y tenían una arma asignada.
El presidente y el secretario general del CDE del PAN reiteraron la solicitud de que el Congreso local llame a comparecer a Solís Peralta y a Pedro Almazán.
Del caso de los 100 federales retenidos por pobladores en Leonardo Bravo (Chichihualco), municipio también gobernado por el PAN, donde los habitantes se quejaron de cateos y detenciones el presidente estatal del PAN dijo que las acciones de los uniformados “no fueron de buena manera, violaron los derechos humanos”.
Pero dijo que todos los casos de violencia y este de abusos por parte de la Policía Federal, son el reflejo de “la ingobernabilidad que hay en el estado y la ineficacia del gobierno de Guerrero y de la federación”.
El operativo de la Policía Federal fue buscar a civiles armados que se enfrentaron a agentes y mataron a uno, además de que el alcalde ya había solicitado el apoyo del gobierno federal.
El secretario general del CDE Eloy Salmerón Díaz dijo que la programación de los cursos para la certificación, son complicados, y que mientras ese proceso se realiza, los alcaldes tienen que buscar la manera de resolver como atender la seguridad de los municipios.
Por ambos casos, el presidente estatal del PAN dijo que “la delincuencia se les ha salido de las manos al gobierno federal, al gobierno del estado y en algunos municipios donde está el tema muy delicado”.
Dijo que los hechos violentos son solo un reflejo de la “incapacidad y la corrupción”.
Por su parte el tesorero del CDE Alejandro Martínez Sídney dijo que no se debe perder de vista que los policías asesinados estaban cumpliendo con su trabajo y fueron atacados por delincuentes.
“Estaban dando protección a recursos de un programa federal para atender la pobreza, se trata de seres humanos abatidos por delincuentes” y lamentó que no haya todavía una respuesta concreta de las autoridades estatales en la detención de los responsables.