La feminista María Luisa Garfias Marín, demandó revisar quién está presentando las denuncias penales por el delito de aborto en las agencias de Ministerio, que revelaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: si son funcionarios del sector salud o familiares de mujeres que interrumpen un embarazo, además, verificar a quién acusan, si a mujeres, médicos o personas que participan en un aborto, y si los casos siguen abiertos.
En 2017 se reportaron cuatro víctimas de homicidio doloso por casos de aborto en Guerrero, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En el rubro de homicidios presenta cuatro víctimas por aborto calificado como delito en el Código Penal de Procedimientos penales a pesar de que en la entidad ha habido movimientos feministas que exigen, sin resultados, la despenalización del aborto para evitar la criminalización de las mujeres por interrupción de embarazo,
En consulta telefónica, Garfias recordó que el aborto está clasificado como delito del fuero común, y no es equiparable al homicidio. En la estadística oficial de víctimas que nutren las procuradurías, se incluye el delito de aborto en nuevo apartado de La vida y la integridad corporal (después de los registros de homicidio), como un bien jurídico afectado que tutela el Estado.
La activista indicó que el Código Penal de Guerrero, castiga con uno y tres años de prisión el aborto.
Subrayó que para que haya intervención judicial, debe haber alguien que señale el delito, puede ser en el centro de salud u hospital, a donde llegan las mujeres con un aborto avanzado, o un familiar.
Lamentó que el Estado siga penalizando a la mujer que interrumpe un embarazo, salvo en cuatro situaciones de excepción, por violación, por la salud de la madre, malformación del producto o inseminación forzada, porque las mujeres siguen muriendo en Guerrero por abortos mal inducidos.
Por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las mujeres que da seguimiento a la alerta de Violencia de Género en el estado, Viridiana Gutiérrez Sotelo, explicó que el aborto básicamente es un delito administrativo, porque alcanza libertad bajo fianza. Señaló que lo grave es cuando hay dolo y casos de aborto son clasificados en las agencias de MP como homicidios dolosos.
En este sentido, señaló la cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública siguen siendo muy generales, y no es posible realizar una investigación con enfoque de género. De acuerdo con las autoridades federales, la nueva metodología para el registro y clasificación de delitos y de víctimas del fuero común, a partir de diciembre tiene una perspectiva de género para homologar las bases de datos con violencia de género.
La activista destacó que la apertura de la información estadística es resultado de las alertas de violencia de género, que denudaron la ineficiente política pública en favor de las mujeres, particularmente en Guerrero.
Prueba de ello, dijo, son leyes obsoletas como la que tipifica el aborto, pero no hay investigaciones de feminicidios, “ni siquiera tienen esa seguridad de cuál es homicidio o es un feminicidio”.