Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero aclarar 54 millones 442 mil 920 pesos, debido a que no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación; es decir, del gasto de “servicios personales”, que comprende “las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias”, y no corresponden esos recursos económicos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF, al revisar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Guerrero es uno de los nueve estados a los que les pidió aclarar a los poderes judiciales el incremento de recursos destinados a la asignación global de “servicios personales”.
En el caso de Guerrero, de acuerdo con los resultados de la auditoría 2021-E-12007-19-0963-2022, el Poder Judicial incurrió “en inobservancias”; es decir, falta de cumplimiento de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 54 millones 442 mil 920 pesos, mismos que “corresponden a recursos adicionales a la estimación prevista en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, de los cuales no proporcionó evidencia documental sobre su destino y aplicación”.
Sostuvo que identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el Poder Judicial no realizó ni incluyó las proyecciones de finanzas públicas (de ingresos y egresos) que integran los importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2021 y los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal 2020.
Mencionó que el TSJ de Guerrero “asignó recursos para el capítulo 1000 de Servicios Personales, cuyo monto no fue coincidente con el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 debido a que en este último se presentó de manera global el presupuesto asignado al Poder Judicial y no hay una desagregación por capítulo de gasto”.
Expuso que el TSJ de Guerrero no incluyó en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 en una sección específica las “erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales, la cual comprendiera las remuneraciones de los servidores públicos, el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, el cual incluyera las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”.
Mencionó que el Poder Judicial del estado no informó de “las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral”, además asignó “recursos para servicios personales, el cual incrementó durante el ejercicio fiscal 2021 y bajo el momento contable del pagado registró recursos los cuales no rebasan el monto aprobado”.
Precisó que el monto pendiente por aclarar por parte del Poder Judicial del estado es de 54 millones 442 mil 920 pesos, además, determinó 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los cinco restantes generaron: una solicitud de aclaración y cuatro promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las que no dio más detalle.
La ASF en su dictamen indicó que “revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Poder Judicial del estado de Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2021, argumentó que la auditoría “se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable (el TSJ del estado)”.
Indicó que para el ejercicio 2021, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Guerrero, se elaboraron contrario a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Sin embargo, señaló que el Poder Judicial del estado sí generó balances presupuestarios y de recursos disponibles sostenibles; no excedió el límite establecido por la normativa en la asignación de recursos para servicios personales; contó con un sistema de registro y control de erogaciones personales y un sistema de contabilidad gubernamental denominado Sistema Integral de Información y Pagos al Personal y Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
El 1 de diciembre de 2021, tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, quien fue elegido el 18 de noviembre en sesión pública por mayoría de votos. Antes de Casarrubias Vázquez, el magistrado presidente del TSJ del estado fue Alberto López Celis.