Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su respaldo e intervención para que las autoridades estatales tomen en cuenta sus propuestas de reformas en materia de cultura y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dicha petición la hicieron los coordinadores regionales de la CRAC-PC en las zonas Centro, Montaña y Costa Chica, Ramón Jiménez Aguirre, Rigoberto Rojas Laureano, Juan Horta Cruz, Victorino García Ricardo, Armando Zavala Felipe, Rolando Bahena Cruz, Ezequiel Catalán Madrid, Ramiro Navarrete Cortez, Sabás Aburto Espinobarro, Herlinda González Ramos y Adulfo Esteban de la Cruz.
En el oficio fue tiene fecha del 18 de enero, los coordinadores regionales pidieron a Claudia Sheinbaum que, “a la brevedad”, intervenga ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García, “para que la CRAC-PC vuelva a tener rango constitucional y legal y con el fin de que a los pueblos originarios se nos restituyan y amplíen nuestros derechos humanos”.
A manera de antecedente, indicaron que en abril del 2011 el Congreso del Estado aprobó la Ley 701 que “reconocía claramente a la CRAC-PC con facultades plenas en seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia, conforme a nuestro Sistema Normativo (usos y costumbres)”.
Sin embargo, a partir del 2014 se realizaron distintas reformas que limitan las funciones de la organización, por lo que han promovido reformas en conjunto con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “pero las pasaron a la congeladora”.
Destacaron que en el 2018, el Congreso del Estado aprobó reformas mediante las cuales se eliminó el nombre de la Policía Comunitaria y también se excluyó el nombre de la CRAC de la Ley 701, lo que consideraron una “acción regresiva”.
Los coordinadores regionales también señalaron que han hecho diversas gestiones ante el gobierno del estado, el Congreso del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que a la fecha se haya logrado un avance.
También indicaron que solicitaron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en seis ocasiones, “con respuesta negativa”.