Lourdes Chávez

Chilpancingo

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro), Horacio Díaz Quiñonez, pugnó porque en la armonización en materia de transparencia de la norma federal con la Constitución local, se plasmen todos los principios constitucionales del acceso a la información, o será un retroceso.
En consulta telefónica sobre las iniciativas de reforma constitucional turnadas a comisiones legislativas, señaló que en la reforma local debe prevalecer que la información sea gratuita, que la ciudadanía no tenga que identificarse para recibir información y que cierta información esté publicada de oficio.
Advirtió que en la reforma federal que desapareció al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), no tomaron en cuenta el apartado de gobiernos abiertos para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
Adelantó que los comisionados acudirán al Congreso local para emitir una opinión, por la responsabilidad que tienen, y será decisión de los diputados si es tomada en cuenta.
Recordó que en febrero, cuando entregaron el informe de actividades del instituto, expresaron su disponibilidad de colaborar para el diseño de la propuesta de reforma estatal, pero no han sido llamados.
“También vamos a señalar los puntos en los que estamos de acuerdo y los que consideramos que representa un retroceso”.
Señaló que en las entidades del país la reforma se encuentra en proceso, como Guerrero. Los comisionados del Itaigro están atentos a los procedimientos para tener todo en orden cuando llegue el momento de la transición, y para proteger los derechos de los trabajadores con la extinción de la institución.
“Hay trabajadores que llevan años ahí, y el mismo decreto (de la reforma federal) dice que los trabajadores del órgano garante local serán parte del nuevo organismo que absorberá las funciones”.
En comisiones del Congreso local hay dos iniciativas de transparencia que presentaron por separado los diputados de Morena Carlos Eduardo Bello Solano y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; la segunda, hace dos días.
Díaz Quiñonez precisó  que sólo ha conocido la iniciativa del diputado Bello Solano, y observó que tiene aspectos diferentes a la reforma federal.
Por ejemplo, indicó que la Ley federal dice que ahora se va a garantizar el acceso de información a través de las Contralorías o los Órganos Internos de Control (OIC). Para las instancias federales, creó un organismo, Transparencia para el Pueblo, que va a conocer de las inconformidades cuando el sujeto obligado no proporcione información o la entregue de manera parcial a los ciudadanos.
En ese modelo, dijo que lo lógico es que la Dirección General de Transparencia del gobierno del estado, que coordina a todos los sujetos obligados del Poder ejecutivo estatal, hiciera las veces de lo que a nivel federal es Transparencia para el Pueblo, “pero no sé cómo se denominará aquí”.
Coincidió con la iniciativa de Bello Solano, porque señala, en el caso de los ayuntamientos, que sus propios OIC conozcan de las inconformidades sobre las solicitudes de información.
Advirtió que si el ayuntamiento no tiene OIC, el poder ejecutivo podría resolver las controversias, pero el gobierno municipal quedaría supeditado a otro poder y se transgrede su autonomía.
Destacó que si un OIC no resuelven como debe de ser, las personas tendrían la posibilidad de ir a un amparo, para que no queden indefensos por la falta de respuesta.
No comparte de la iniciativa local, que señala desde este momento el nombre del órgano que va a sustituir el Itagro, que debería establecerse en otra reforma a Ley de Transparencia local, que viene una vez de la aprobación.
De la reforma federal, señaló que no estuvo de acuerdo en que se haya eliminado de la Ley General de Transparencia la figura del Consejo Consultivo, vigilante del extinto INAI.
Asimismo, denunció que se eliminó de la Ley General el apartado sobre el gobierno abierto, sobre la obligación de las instituciones de establecer políticas públicas y mecanismos para la apertura institucional, para que la opinión de la ciudadanía incida en el ejercicio de gobierno.
Opinó que en Guerrero se debería fortalecer la figura de gobierno abierto con más contraloría social, más vigilancia y más participación, “sin la participación ciudadana no se hace valer, jamás vamos a tener un gobierno abierto”.
Recordó que uno de los objetivos de la agenda 20-30 es tener instituciones justas y transparentes. En ese sentido estaba diseñada la anterior legislación.
Recriminó también que a nivel federal aumentaron las posibilidades de que los entes obligados puedan reservar información que siempre debe ser pública.
“No sé recuerdan, cuando estaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador querían reservar todas las obras de impacto de relevancia, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Angeles o la refinería de Dos Bocas, incluso se emitió un decreto”.
Recordó que el INAI respondió entonces que las obras eran un asunto de interés público y debe transparentarse, pero en la nueva Ley federal se menciona la obra pública de forma general, dejando una puerta para la reserva de la información, “y representa un retroceso”.