En el foro intercomunitario Cuando las leyes nacen del pueblo no hay poder que las detenga, en defensa de nuestra iniciativa popular de ley indígena (ley 701) y por la aprobación de la iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del estado de Guerrero en materia de derechos indígenas y afromexicanos se sumaron organizaciones que exigen que la vote el Congreso local.
Los asambleístas plantearon movilizaciones para exigir que se tome en cuenta la iniciativa popular que impulsa el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), Tlachinollan, el Frente Popular de Tlapa (FPT) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de San Luis Acatlán, a las que se agregó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y su filial en el estado la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) quien llegó con un amplio contingente de na savi y nahuas.
Abel Bruno Arriaga, del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montraña presentó la iniciativa, y dijo que se busca que se reconozca el acceso a sus propios medios de comunicación, el derecho a la consulta, a que elijan a sus autoridades por usos y costumbres, revocación de mandato, respeto al territorio.
El integrante de la CRAC-PC, Valentín Hernández Chapa, dijo que las autoridades estatales y el Con-greso les han dicho que se pasaron en las exigencias y que no se aprobará la ley porque no tienen recursos para cumplir lo que ahí se plantea.
Que esperan que les digan la fecha de la dictaminación de la ley, para estar presentes y si no lo hacen aún estarán presentes para fijar las acciones de movilización.
El comisario Francisco Felicia-no Rojas, de la comunidad de San Miguel el Progreso, contó a la asamblea que se opusieron a las mineras porque perjudicarían su agua, su bosque, sus animales y a sus hijos y llamó a seguirse organizando.
El profesor Taurino Rojas González dijo que se debe defender la iniciativa de ley, porque no es sólo de los indígenas sino del pueblo y que no se siguieran imponiendo leyes con modelos colonizadores y en el aspecto educativo se decidiera qué  aprender porque con la reforma “pretenden enseñar inglés desde preescolar para que seamos peones de Estados Unidos”.
Pidió al gobierno del estado que dé los nombramientos de los integrantes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios, donde él fue designado titular, y que se niegan diciéndoles que “no hay dinero, que se van a molestar los del PRI, del sindicato charro que no están dispuestos en cambiar su forma de enseñar en las aulas”.
El señor Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa recordó que a tres años siguen buscando a sus hijos y que no creen en las mentiras de la PGR y exigen a Peña Nieto que se los entregue.
Lamentó que haya quienes digan que ya recibieron dinero y que dejen de buscar a sus hijos, porque eso no es cierto y pidió los sigan apoyando.
El abogado Guadalupe Espinoza, del Centro de Estudios Ecuménicos se sumó a los planteamientos de la asamblea y dijo que apoyan a las comunidades para evitar que sean despojadas de su territorio mediante candados en los estatutos de ejidos y bienes comunales.
Mencionó que los programas federales como el Procede, el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios (Fanar) y el Registro de Actos Jurí-dicos Agrarios (RAJA) se hacen para privatizar las tierras y los engañan diciéndoles que si no entran en ellos no recibirán apoyo.
Dijo que con las leyes se pueden defender a pesar de que se han reformado, pero están las leyes internacionales y que con o sin leyes se deben defender, pero lo ideal es tenerlas para exigir al Estado su cumplimiento.
Agregó que no se generan solas, se tienen que exigir dando una lucha política, jurídica y de organización.
La OPIG se manifestó contra las políticas extractivistas que afectan al país y llamó a organizarse para respaldar la iniciativa y defenderla. Que están contra la ley de seguridad interior, que pretende legalizar la entrada del ejército y las policías en las comunidades para darle seguridad a los intereses privados.
Dijeron que es lamentable que los recursos para caminos, salud, fuera de menos de un punto porcentual del presupuesto, contrario al de la Sedena, que es de 26 por ciento.
De la CETEG propusieron una caminata desde la Montaña a Chilpancingo para exigir que se tome en cuenta su propuesta de ley.
El foro estuvo enmarcado en las acciones regionales de las jornadas por Ayotzinapa, a tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y que para el próximo 20 la OPIG marchará en Tlapa.