Lourdes Chávez

Chilpancingo

Durante la sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, representantes de la sociedad civil exigieron una sesión extraordinaria cuando ocurran feminicidios como el de la policía de Tránsito de Alcozauca, Leuteria Reyes Benito, que tuvo repercusión nacional y evidenció las fallas del municipio y del estado en la prevención, atención y de acceso a la salud de las mujeres.
Recriminaron además que pese a los avances legislativos, los alcances no atienden la realidad de las víctimas, y que los hombres sustituyan en las secretarías a mujeres sin que se haya alcanzado la paridad en los cargos de toma de decisiones de las estructuras de gobierno.
Reiteraron un reclamo sobre la ausencia de la mayoría de titulares en el Sistema estatal, facultados para la toma de decisiones, distintos a los representantes o enlaces que principalmente asisten a las sesiones de comisiones y del Sistema estatal.
Asimismo, criticaron la presentación de documentos que no fueron parte de los trabajos de las ocho Comisiones del Sistema, como el Diagnóstico sobre la Elección de Comisarías Municipales en el Estado de Guerrero y la Guía Técnica para la Elección de las Comisarías Municipales del Estado de Guerrero, que elaboraron el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y la Secretaría general de Gobierno, en otro espacio de participación, y que refirió la coordinadora de Fortalecimiento Municipal, Anabel Balbuena Lara, invitada, entre los informes del Congreso del estado y las secretarías de Educación, de la Mujer y de Gobierno.
Pese a los reclamos e incidentes de inicio, la encargada de despacho de la secretaría general de Gobierno, Anacleta López Vega, y la secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, quien fungió como secretaria técnica de la Comisión, celebraron el dinamismo de la sesión.

La sesión

Al inicio de los trabajos, cinco organizaciones se abstuvieron de aprobar del orden del día de la sesión, la primera del año, porque la encargada de despacho de la secretaría de Gobierno no aceptó las intervenciones iniciales.
De la coalición de Mujeres Rurales, Erika Salinas Valadez, destacó la intención de hacer itinerante la sede de las sesiones del Sistema estatal, que por primera vez en su historia se realizó fuera de las instalaciones del poder Ejecutivo, para realizarla en el Congreso local, así como la programación de la segunda sesión del año en el Tribunal Superior de Justicia, y la tercera del año, en noviembre en Casa Guerrero.
Sin embargo, aclaró que el poder Ejecutivo es el que implementa la política pública para erradicar la violencia de las mujeres. Aclaró que no son tres, sino cuatro las sesiones ordinarias y obligatorias por año.
La presidenta de la asociación Kaniche Eslava, Beatriz Eslava, denunció la ausencia de la mayoría de los titulares de los poderes, secretarías y organismos autónomos en la sesión.
Además de la Secretaría de la Mujer, en funciones de secretaria técnica del Sistema estatal, participó en la sesión secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, sin intervención. También las diputadas locales Leticia Mosso Hernández, Pilar Vadillo Ruiz, María Irene Montiel, Aracely Ocampo Manzanares, Diana Bernabé Vega, Erika Lührs Cortés, Citlali Calixto Jiménez y Glafira Meraza Prudente.
Anacleta López, quien presidió la sesión en lugar de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, les pidió esperar el punto de Asuntos generales para intervenir.
Ahí, la representante de la Red de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, Ana Karen Domínguez, leyó un posicionamiento firmado además por Mujeres al Timón AC, Fundación de las Mujeres al poder y Kaniche Eslava.
Exigieron a la gobernadora que instruya con firmeza a su gabinete a cumplir con esta obligación que la Ley les impone, y a que se deje de simular con representaciones “que no tienen poder de decisión y que únicamente postergan las acciones urgentes para las mujeres en Guerrero”.
Anacleta López ofreció organizar otra reunión a finales de mayo, para citar a los alcaldes y los titulares de área como parte del sistema estatal, el único acuerdo al final de la sesión.
En consulta sobre el programa de la sesión, Pino Girón rechazó que no haya cumplido con su objetivo de seguimiento para la pública pública estatal, cuando se le dijo que no se incluyen los informes de las comisiones interinstitucionales del sistema, y que la agenda la marcan los reclamos de las asociaciones. Una dinámica se ha observado en la anterior y en la actual administración, con pocos respuestas y seguimientos.
Pino Girón dijo que no lo ve como reclamos, “recordemos que el artículo 60 de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, las organizaciones son observadoras de la política del gobierno del estado en materia de violencia”.
Confirmó que las ocho comisiones que forman parte del Sistema se acaban de reunir la semana pasada, y no fueron parte del programa de la primera sesión estatal de 2025.
Opinó que aunque sea pequeño el avance, por primera vez el Sistema informa sobre lo que se hace para el cumplimiento del programa especial de Prevención, Atención y Erradicacion de la Violencia 2022-2027, “ese es el objetivo único y principal de reunirnos en sesión, de cómo mejorar nuestras politicas y de eso hablamos hoy”.
Del breve programa se omitió sin explicación la toma de protesta de un grupo de trabajo de revisión de la legislación estatal para “establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones”.
En Asuntos generales, las organizaciones observaron que sólo Acapulco y Zihuatanejo presentaron informes del programa de la alerta, de nueve alertados por violencia feminicida, y ambos solicitaron que las medidas conducentes para levantar el mecanismo. La sociedad civil cuestionó la petición del porqué se siguen registrando asesinatos de mujeres, y porqué el levantamiento de las alertas responde a un protocolo.
De manera general, recriminaron la falta de paridad en espacios de decisión de las estructuras de gobierno en el estado, en alusión al nuevo nombramiento del secretario la Juventud y la Niñez Guerrero, Carlos Sánchez García, hijo del diputado federal morenista Carlos Sánchez Barrios, en lugar de Jessica Maldonado Morales, originaria de Alcozauca, activista en la Montaña.
La encargada de la Unidad de género de Acapulco destacó que al respecto hay avances en el ayuntamiento.

Tlapa y Alcozauca

La representante de Mujeres de Tlapa, Yuridia Melchor, señaló que este municipio no tiene avances en las medidas de atención de las alertas, y el alcalde Gilberto Solano Arriaga nunca llamó a sesiones del Sistema municipal. Denunció que impulsó programas asistencialistas para las mujeres, como la entrega de despensas con fines electorales.
Sugirió que donde los alcaldes no tengan interés en erradicar las violencias de género, la Secretaría General de Gobierno y la gobernadora asuman la función o tengan acercamientos con las autoridades.
Refirió además que el feminicidio de Leuteria Reyes, por su compañero de trabajo, desnudó las deficiencias de los tres niveles de gobierno, “para mover un poquito sus corazones, y que estas horas sentada aquí no sean tiempo perdido”.
Recordó que Leuteria buscó ayuda por violencia feminicida de su pareja en el refugio de Alcozauca, quien la envió al Juzgado de paz, que emite constancia donde dice que no puede quedarse con sus hijos porque no tiene casa ni trabajo fijo.
Con asesoramiento, acudió al Centro de Justicia de Tlapa, luego consiguió un empleo de policía en la administración de Alcozauca, donde fue acosada por otro policía. Aunque lo reportó, no pasa nada. Tampoco tuvo oportunidad de continuar su atención cuando fue atacada.
Con muchas dificultades de traslado llegó al hospital de Tlapa, donde le dicen que se remita a Chilpancingo, y muere momentos antes de ser atendida, porque se dañó el respirador artificial. A la petición de que haya sesiones extraordinarias para atender los contextos de violencia de estos femicidios, López Vega ofreció un número telefónico para responder a toda hora.