La exigencia de erradicar la violencia que priva en el estado, críticas a los operativos de seguridad y frenar la corrupción en las instituciones fueron los temas que prevalecieron ayer en el décimo Parlamento Juvenil que organizó el Congreso local.
El acto se celebró ayer en la sala de sesiones del Congreso, donde estudiantes de secundaria de las siete regiones del estado participaron con el tema Los adolescentes y la cultura de la legalidad.
Al concluir la actividad, el director general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Pedro Hernández Hernández, informó que al evento fueron convocados 48 estudiantes, sin embargo participaron 34; argumentó que los padres de algunos de los que no asistieron temían que sus hijos salieran de sus municipios por la inseguridad que priva en la entidad y por ello no acudieron.
En su intervención, Alberto Olaya Jaimes, de la secundaria Gabino Barreda de la región de Tierra Caliente, explicó que su mayor temor es la presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona y dijo que todos los días su mamá teme que ya no regrese a casa.
Explicó que muchas veces los jóvenes terminan en las filas de la delincuencia porque en sus hogares sus padres no los orientan, y advirtió que si eso no se corrige muchos podrían terminar trabajando para grupos delictivos.
Urgió al gobierno estatal erradicar la corrupción de las instituciones, pues consideró que eso también es un factor que impide acabar con el problema de inseguridad.
En tanto, Alondra Solís Guillén, de Zihuatanejo, aseguró que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala es sólo un eslabón más “de la cadena de hechos que tienen al país hundido”.
Manifestó que “el dramático” problema de inseguridad que priva en Guerrero se debe a la pobreza, la impunidad, la corrupción y la opacidad de las instituciones que se niegan a transparentarse y dar la información que los guerrerenses reclaman.
Andrea Eliza Adrián, de la secundaria técnica Ignacio Manuel Altamirano, de  la comunidad Paso de Arena del municipio de Coyuca de Catalán, afirmó que la sociedad enfrenta un “gran problema de convivencia”.
“La paz no es sólo la ausencia de guerra y no puede haber paz donde hay miedo, resignación, rabia, sumisión, obediencia impuesta y autoritarismo. En México se está deteriorando la convivencia social por los robos que enfrentamos, los secuestros y asesinatos que llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera”.
Llamó a los tres niveles de gobierno a que quiten las armas a los jóvenes involucrados en la delincuencia y les ofrezcan oportunidades para que se conviertan en ciudadanos de excelencia y no en criminales en potencia.
Elena Baranda Aparicio, de Costa Chica, lamentó que el narcotráfico, la corrupción y los asesinatos sean una constante en varios estados del país a pesar de que en reiteradas ocasiones se han desplegado “costosos” operativos de seguridad como la creación de la Gendarmería o el impulso del Mando Único policiaco.
Aseguró que la sociedad está secuestrada por la delincuencia organizada, lo que consideró un grave retroceso para el país, “¿hasta cuándo México será un país sin violencia? Basta ya de tanta inseguridad, queremos paz, no guerra, queremos vida, no muerte”.
La estudiante Paola Albarrán Mastache, de la región Norte, exigió que ya no haya “más sangre derramada” y criticó que los jóvenes ya no puedan salir de sus hogares sin miedo.
Exigió a las autoridades invertir el presupuesto correctamente “quitando las armas a los jóvenes que están con el crimen, pero denles un empleo, debemos plantar la semilla y abonarla. Hay que alfabetizar, fomentar el pensamiento crítico, formemos ciudadanos de excelencia y no delincuentes en potencia, es necesario ya un país libre de violencia”.
En su intervención Hazel Jiménez de la Cruz, de Petaquillas, Chilpancingo, recordó que la “guerra contra el narco” del ex presidente panista Felipe Calderón cobró más de 60 mil vidas, de las que 11 mil eran menores de edad.
Y dijo que en en 41 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto hay cerca de mil 500 ejecuciones por mes, es decir cerca de 49 diarias. ¿Con esos datos podemos hablar de paz?”.
Aseguró que uno de los principales problemas del estado es la producción de amapola, y refirió que por cada hectárea plantada se generan ocho kilos de goma de opio que sirve para producir un kilo de heroína, que en el mercado cuesta 4 millones 500 mil pesos, siendo el municipio de Coyuca de Catalán el primer lugar nacional en la siembra de ese enervante.
Manifestó no es posible hablar de paz cuando más del 52 por ciento de los mexicanos viven en situación de pobreza, “cuando la impunidad reina en los tribunales de nuestro país, por ello hay que combatir la impunidad y la corrupción que nos tienen cansados”.
Otra de las intervenciones que hizo referencia al problema de inseguridad fue la de Maximino Valladares Salinas, de Acapulco, quien lamentó que México esté “sumido en la violencia”.
“Los guerrerenses no queremos más violencia, más abusos e impunidad, no queremos gobernantes corruptos, no queremos revoluciones ni guerras civiles, no queremos autoritarismos, ni rezagos sociales”.

Temor de los padres

Consultado al concluir el Parlamento Juvenil, el director general de Educación Secundaria de la SEG, Pedro Hernández, informó que se convocó a 48 estudiantes pero no todos asistieron porque, ante el clima de violencia, los padres de algunos temían que ocurriera un incidente en el traslado desde sus municipios.
“Recibimos muchas llamadas de algunas partes del estado en el sentido de que los padres no querían asistir por la situación del traslado, algunos salieron por la madrugada de sus lugares de origen y en ese sentido se veían venir ciertos riesgos, pero pudimos constatar que ese temor se venció”, dijo.
Se le preguntó si el problema de inseguridad ha influido en la deserción escolar en el nivel secundaria y respondió que sí, principalmente en Tierra Caliente y Costa Grande.
Comentó que la deserción en Guerrero es del 4 por ciento en el nivel secundaria, lo que representa unos 10 mil estudiantes, pero aclaró que la mayoría son jóvenes que salen de una escuela para seguir sus estudios en otro plantel, es decir no abandonan sus estudios.
De lo que expresaron los jóvenes parlamentarios en sus intervenciones respecto a la violencia y la corrupción, el funcionario dijo que es responsabilidad de los diputados, maestros, gobierno del estado y padres de familia abonar desde sus trincheras a que esta situación se resuelva.