Durante la sesión de la comisión Permanente del Congreso local, se presentaron ante el pleno dos iniciativas de reforma al Código Penal del estado, para garantizar que en ningún centro médico de la Secretaría de Salud  (Ssa) se niegue el derecho de abortar a mujeres embarazadas, producto de una violación.
Las propuestas fueron a nombre de los diputados perredistas Sebastián de la Rosa Peláez y Yuridia Melchor Sánchez. Ésta segunda es presidenta de la Comisión para la Igualad y Género, quien consideró en su argumentación que obligar a una mujer a interponer denuncia para obtener la autorización del Ministerio Público “no es otra cosa que revictimizarla después de haber sufrido en su persona una conducta delictiva”, porque consideró que es injusto.
Consideró que lo establecido por el Código Penal con su actual redacción, y que es el argumento del titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos para no practicar un aborto en esos casos, atenta contra  los derechos de la mujer, principalmente el de decidir sobre su cuerpo, más aún cuando es víctima de un delito.
Mientras que el diputado Sebastián de la Rosa Peláez criticó que Carlos de la Peña se niegue a la interrupción de embarazos productos de una violación, pese a que la norma 046 es del orden federal, por lo que está por encima de cualquier normativa local.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.
El objetivo de ambas iniciativas es homologar el marco normativo local, con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que autoriza la interrupción del embarazo en caso de que sea consecuencia de una violación, sin necesidad de que exista “autorización del Ministerio Público”.
En las iniciativas se explica que la fracción uno del artículo 159 del Código Penal, establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo “sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”. Las iniciativas presentadas proponen reformar esa fracción para eliminar ese requisito.
La iniciativa de Sebastián de la Rosa, que todos los centros médicos de la Ssa “deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”.
Y que el “personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas”.