La diputada local de MC Magdalena Camacho Díaz presentó a nombre de su fracción una iniciativa con la que pretende establecer la responsabilidad del estado para desarrolle políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social a los hijos de víctimas de feminicidio.
La iniciativa plantea reformar el artículo 9, adicionar los artículos 57 bis y 57 de la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; también reformar la fracción uno, del artículo 38; y adicionar un último párrafo al artículo 9 y adicionar un último párrafo al artículo 43, de la Ley número 450 de Víctimas del estado.
En su argumentación, la diputada Magdalena Camacho lamentó que la violencia de género en el estado sea un problema “en franca expansión, tal y como puede advertirse de los datos recabado por ONUmujeres, en los que se señala que, durante 2014, nuestra entidad concentró la mayor tasa de feminicidios del país, con 9.6 casos por cada 100 mil mujeres”.
Lo que generó que después de una continua exigencia de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, se consiguió que se decretara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
La iniciativa que presentó Camacho Díaz está dirigida a un “mal que no ha sido atendido por el Estado” y se refirió a las victimas indirectas de los feminicidios, que son los hijos de las mujeres asesinadas.
Consideró que se debe atender a los hijos de las víctimas porque cuando ocurre un feminicidio “en muchos casos (es cometido) por su padre, quien en algunos casos se suicida y otros va a la cárcel, o bien los abandona”.
Explicó que en Guerrero no hay un sistema de asistencia especializada para tratar esos casos ni se tiene un padrón de los huérfanos por feminicidio.
“Consideramos necesario establecer dentro de nuestro sistema normativo los mecanismos necesarios para que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo en función de una atención diferenciada que reconozca su individualidad como seres humanos afectados por la violencia de género, así como su contexto social, ámbito cultural y entorno geográfico, que haga efectivo el derecho a la educación para que todos alcancen los beneficios que les permitan desarrollar sus capacidades y adquirir las competencias necesarias para su desarrollo personal y mejorar sus niveles de bienestar”, leyó en tribuna.
Explicó que lo que se pretende es establecer la obligación para las autoridades del estado y de los municipios, para que “adopten las medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en orfandad por feminicidio, implementando políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social”.
También se pretende crear el Programa para la Atención de la Niñez en Orfandad por Feminicidio, por el que se les otorgue a las víctimas estímulos económicos que permitan la efectiva igualdad de oportunidades.

La sesión

Se presentó un exhorto al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero para que establezca un programa de becas permanente para las víctimas directas o indirectas de algún delito o violación a sus derechos, que les permita continuar con sus estudios.
Fue a propuesta de los diputados del PT Jesús Martínez Martínez; de MC, Ricardo Mejía Berdeja; del PRD, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
Se menciona la necesidad de un programa de becas completas para las víctimas directas e indirectas que se encuentren en el Padrón Estatal de Víctimas del Estado de Guerrero, que les permita continuar sus estudios cuando estén cursando los niveles de primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura, como lo marca la Ley General de Víctimas.
El diputado Ernesto Fidel González Pérez propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para facultar al Congreso local resolver los cuestionamientos de los miembros del Cabildo, sobre actos o resoluciones de la mayoría de sus integrantes, cuando se estime que se violentan los principios rectores de legalidad.
Quedó de primera lectura “la autorización al gobernador para conceder el uso y disfrute de manera temporal y a título gratuito del inmueble propiedad del gobierno del estado a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la 35 Zona Militar”.
A petición de la diputada Eloísa Hernández Valle se exhortó al gobernador Héctor Astudillo Flores para que se instruya a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado para que actualice y dé seguimiento al proyecto técnico para el abastecimiento de agua potable “en un horizonte de 30 años para el municipio de Zihuatanejo”.
Los diputados Erika Alcaraz Sosa, Iván Pachuca Domínguez, Fredy García Guevara y Ricardo Mejía Berdeja, presentaron una propuesta que fue turnada la Junta de Coordinación Política por la que se llama a comparecer a los titulares de la CAPASEG, del IGIFE y de la (CICAEG) con motivo de la Glosa del informe del segundo año de ejercicio constitucional.