Caso de la demanda de ex empleados

 Brenda Escobar Zihuatanejo

El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Apolonio Osorio Reyes, presentó ayer una denuncia penal que anunció hace varios días contra el síndico Joaquín González Ramírez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para indemnizar a tres ex trabajadores y reinstalarlos en sus puestos.

Osorio Reyes, entrevistado al término de la diligencia en las oficinas del Ministerio Público en esta ciudad, dijo que también la denuncia es contra los abogados Marisela Berrum Domínguez, Mario Rivera Bello, Manfredo Amable Vega, Ernesto Muñoz Amable, Liliana Amable Santiago, Alma Rosa López Segura, Ricardo Otero Palacios y Hermenegildo Amable Vega, quienes actuaron como apoderados de los ex trabajadores José Luis Jordan Herrejón, J. Jesús Solís Ramírez y Edgar Salas Téllez, en un juicio laboral que interpusieron estos últimos en contra del Ayuntamiento.

Los tres ex empleados fueron despedidos en julio de 2003, y el laudo dictado por el TCA señaló que les deben de pagar salarios caídos y volver a contratarlos.

Apolonio Osorio explicó del porqué la denuncia contra González Ramírez: “todos sabemos que es el apoderado legal del municipio y quien debió ejercer una defensa en este juicio, y lejos de hacer eso omitió hacerlo, ocultó la demanda, se notificó personalmente la demanda, la ocultó.

Ahora hay un menoscabo patrimonial en contra del municipio muy fuerte de un laudo del orden de 750 mil pesos actualmente, y siguen corriendo los salarios caídos hasta la fecha                 de que se cumpla con el pago y la obligación de reinstalar a los ex trabajadores”.

Consideró que lejos de pensar en un conflicto interno en el ayuntamiento por este juicio “se trata de ver la falta de responsabilidad (del síndico) en el cumplimiento de la función pública, porque cada funcionario tiene encomendada una labor y si no la cumple las penas las propias leyes las tienen establecidas”.

Refirió que el 6 de abril, en sesión de Cabildo, por unanimidad –excepto González Ramírez– los ediles acordaron emprender todas las acciones legales que sean procedentes, “porque también por la propia función pública le nace responsabilidad al síndico”.

Apolonio Osorio dijo que a los abogados se les acusa del delito de fraude procesal, falsedad ante autoridad, “porque señalaron salarios que no les correspondían y al ocultar la demanda se entiende que hay una premeditación para golpear al municipio, y también por el delito de abogados defensores litigantes porque los mismos que aparecen como apoderados son los abogados que ha tenido el síndico procurador”.

Negó que la denuncia sea una represalia por parte del alcalde Amador Campos contra el síndico, porque interpuso las denuncias por nepotismo en su contra ante la Auditoría General del Estado y el Congreso local, “esto no es a iniciativa del propio presidente, esto fue un acuerdo de cabildo que se propició desde el momento que se tuvo conocimiento de esa demanda y ese juicio ya perdido.

Agregó que era obligación del síndico darlo a conocer a cabildo y no lo veo como una revancha, sino como una cuestión en la que cada quien tiene que responder por su responsabilidad (…) Joaquín González por escrito reconoció que no dio contestación a esa demanda porque consideró que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente y las prestaciones reclamadas eran justas (…), le ganó el sentimiento”, expresó.