La fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una solicitud de juicio político en el Congreso del estado y una demanda penal ante la PGR en contra del fiscal general del estado Javier Olea Peláez, por violaciones a las constituciones federal y local y a la ley orgánica de la Fiscalía, y pidió que “no haya protección política”.
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco Deaquino entregaron la solicitud. Antes presentaron ante la PGR una denuncia de hechos en contra del funcionario, por delitos contra la administración de la justicia que establece el artículo 225 del Código Penal.
En conferencia de prensa en el Congreso local estuvieron ambos diputados, la presidenta de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carbajal, así como el presidente y la ex presidenta del Colegio de Abogados del estado, Victoriano Sánchez Carbajal y Josefina Hernández Catalán.
El coordinador Ricardo Mejía afirmó que las acciones y sobre todo las omisiones  que comete Javier Olea son “para no procurar justicia, sino procurar impunidad”, derivado de la información que el fiscal confirmó en su comparecencia en el Congreso.
Ambos diputados llamaron al gobernador a que remueva de su cargo al fiscal, “facilitaría las cosas, creo que el estado requiere un mejor fiscal”.
Dijo que presentaron las denuncias a pesar de que “conocemos los riesgos que esto implica, porque hay todavía dinosaurios por ahí que no les gusta que uno trate estos temas, que denuncie”.
Mejía Berdeja es también el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso. En la conferencia para anunciar el procedimiento en el Congreso y la denuncia en la PGR recordó que en un encuentro con pobladores de San Miguel Totolapan el fiscal dijo que el diputado con licencia Saúl Beltrán es “el Tequilero número uno” pero no lo detuvo.
En la conferencia comentó que una de las violaciones graves cometidas por el fiscal es mantener en activo a 293 policías ministeriales, peritos y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes reprobaron los exámenes de control de confianza.
Lo que calificó como una violación a las disposiciones prevista por las constituciones federal y local así como en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica de la FGE número 500, por lo que consideró que el poder Legislativo debe ejercer su “faculta de control parlamentario”, y declarar la procedencia del juicio político separándolo de su cargo.
Los 293 servidores públicos reprobaron su evaluación, que es un requisito de permanencia, sin embargo desempeñan su función como parte acusadora en los procesos penales, por lo que “su desempeño será deficiente, acarreando como consecuencia la conculcación del derecho fundamental de debido proceso, dentro del que se engloba el principio de acceso a la justicia de las víctimas de un delito.
Argumentó que fue ilegal el nombramiento de Rigoberta Román Orea como fiscal especializada para la Investigación de los Delitos Cometidos en Contra de las Personas que Realizan Labores Periodísticas y Defensores de Derechos Humanos y que Atentan Contra la Libertad de Expresión, porque no se siguió el procedimiento de nombramiento “y obvió la ratificación del Congreso”.
Acusó al fiscal de que no ha ejecutado órdenes de aprehensión porque considera que el cumplimiento del mandato jurisdiccional no es “políticamente correcto”, dijo en referencia a lo dicho por Javier Olea en su comparecencia en el Congreso, cuando se refirió a los casos de policías comunitarias de diferentes organizaciones, lo que representa una violación a la ley.
Acusó a la FGE de violar el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos, en razón de que la Constitución dice que “el Ministerio Público es el órgano del Estado facultado para ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales”.