José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La diputada por Morena, Claudia Sierra Pérez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar y reconocer la violencia contra la libertad reproductiva como un tipo de violencia contra las mujeres.
En la sesión del Congreso local de este miércoles, la mayoría de las propuestas fueron para reformar leyes en materia de igualdad de género, procesos legislativos y la aprobación de permisos para que regidores puedan desempeñar funciones de docentes.
Sobre la propuesta de la morenista, dicha reforma busca tipificar la violencia contra libertad reproductiva; es decir, según lo explicado ante el pleno, podría ser un delito el embarazo forzado, la esterilización forzada, el impedimento del aborto “y todas aquellas prácticas obstétricas y ginecologicas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los proceso emocionales de las mujeres”.
“Con esta iniciativa se van a fortalecer las atribuciones institucionales en materia de prevención, atención y erradicación, a fin de garantizar una protección integral y con enfoque de derechos humanos”, dijo la morenista. La propuesta fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género.
La Comisión para la Igualdad de Género del poder Legislativo propuso reformas y adiciones a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para prohibir legalmente el registro de candidaturas a personas con sentencias firmes por delitos sexuales, violencia familiar o violencia política en razón de género, así como a deudores alimentarios morosos.
Al presentar la iniciativa, la diputada Leticia Mosso Hernández como presidenta de la mencionada Comisión, explicó que su propuesta “responde a una exigencia histórica de organizaciones civiles, colectivos feministas y defensoras de los derechos humanos”.
“Esta iniciativa es fruto de un largo proceso de lucha, avances legislativos nacionales y compromisos institucionales. Su aprobación permitirá que Guerrero avance hacia un sistema democrático más justo, paritario y libre de violencia, con un marco jurídico robusto que proteja la dignidad e integridad de las mujeres”.
Mosso Hernández dijo que la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, busca armonizar la ley para incluir sanciones a agresores identificados, no solo con sentencias penales firmes, sino también mediante registros administrativos.
La propuesta fue presentada por Mosso Hernández a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, conformada por las diputadas Araceli Ocampo Manzanares, Obdulia Naranjo Cabrera, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Pilar Vadillo Ruiz.
La diputada Erika Isabel Guillén Román, del PRD, propuso un exhorto dirigido al DIF Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de las áreas competentes, diseñe e implemente un Protocolo de Atención Integral para la Niñez en Situación de Orfandad por Violencia.
De acuerdo con la perredista, el objetivo de crear ese protocolo es para establecer mecanismos de identificación, atención, acompañamiento psicosocial, seguimiento educativo y restitución integral de derechos para niñas, niños y adolescentes en dicha condición. Fue turnada a la Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Plazo máximo de seis meses para función de encargado de despacho

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el objetivo de establecer un plazo máximo para el ejercicio de funciones de las personas designadas como encargadas de despacho en los órganos administrativos y técnicos.
En tribuna, al presentar la iniciativa, dijo que la figura de la encargada o encargado de despacho “constituye un mecanismo administrativo excepcional que permite garantizar la continuidad operativa de dichos órganos, y que se ha recurrido a esta figura como una vía de continuidad institucional ante ausencias temporales o definitivas de las personas titulares”.
Advirtió que dichas designaciones pueden extenderse de manera indefinida, sin un plazo claro ni una obligación expresa de realizar el nombramiento definitivo correspondiente.
Por ello, la diputada consideró necesario establecer un límite temporal de seis meses para el ejercicio del encargo, “garantizando así que la provisionalidad no se convierta en una permanencia de facto”.
En la sesión los diputados aprobaron permisos para que los regidores puedan ejercer la docencia al mismo tiempo que sus labores edilicias.
Lo aprobado fue para que la síndica procuradora del Ayuntamiento de Santa Cruz del Rincón,María de Lurde Roberto Mendoza, desempeñe funciones en el área docente y edilicia, en los mismo términos están los casos de la regidora del ayuntamiento de Zihuatanejo, Mayra Luz Ruiz Pineda; el regidor de Santa Cruz del Rincón, Roma Ruigan Rea Zarate y el de San Luis Acatlán, Gaudencio Barragán Ávila.