El abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el precandidato a diputado federal por el distrito 08 de la coalición Por México al Frente, Ángel Aguirre Rivero, pretende evadir su responsabilidad al sugerir que se debe investigar … Continúa leyendo Pretende Aguirre evadir responsabilidad en caso de los 43 al sugerir reabrir investigación: Vidulfo
Alina Navarrete FernándezChilpancingo
Enero 04, 2018
El abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el precandidato a diputado federal por el distrito 08 de la coalición Por México al Frente, Ángel Aguirre Rivero, pretende evadir su responsabilidad al sugerir que se debe investigar qué motivo a los jóvenes a ir a Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Mediante su cuenta personal de Twitter, este martes pasado, Aguirre Rivero cuestionó quién pudo motivar a los normalistas de Ayotzinapa a ir a Iguala y sugirió que ésta debía ser una línea de investigación para esclarecer el caso.
Consultado al respecto, Rosales Sierra dijo que “lo que pretende Ángel Aguirre es evadir su responsabilidad, aventar la pelota en dirección equivocada para que se abra una línea donde no es necesaria abrirla”.
Señaló que las líneas de investigación del caso que están abiertas, cuatro por demanda de los padres de familia y once que estableció la Procuraduría General de la República (PGR), son el resultado del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “no son ocurrencias”.
Precisó que derivado de la investigación, quienes resultan con responsabilidad por los hechos son Aguirre Rivero, y los ex presidentes municipales de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo; de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, y de Taxco, Salomón Majul González. Asimismo al ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera, y al ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, a quien nombró Aguirre Rivero.
Recordó que la línea de investigación que el ex gobernador perredista pretende colocar ya fue investigada por el GIEI y la PGR. Los estudiantes, maestros y directivos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron interrogados más de una ocasión, y el motivo por el que los normalistas fueron a Iguala fue para tomar autobuses y hacer una colecta para acudir a la marcha nacional del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Le hizo a Aguirre Rivero una invitación “seria y responsable” para que lea los dos informes del GIEI, “ahí está claramente establecido ese tema, es un tema rebasado”.
Ante la postura de Aguirre Rivero, dijo que no considera que haya condiciones para que se concrete una reunión con el ex gobernador. Sin embargo, los padres de familia deberán discutir cuál sería el objetivo de ese encuentro, que se propuso de manera espontánea durante la protesta el 27 de septiembre en Ayutla, cuando los padres frustraron el arranque de su precampaña.
“Si de antemano (Aguirre Rivero) sigue arrojando piedras a la Normal, hacia una línea que ya está investigada y evadiendo su responsabilidad, creo que no habría condiciones para eso (la reunión), pero los padres lo definirán”.
Por otra parte, Rosales Sierra dijo que “no es válido” que Aguirre Rivero diga que se abra otra línea de investigación, “si es seria esta persona, lo que debería estar diciendo es ‘yo no participo en candidaturas, yo no participo en un puesto de elección popular, yo me pongo a disposición de las autoridades para que se haga una investigación cabal’, sin estar buscando un fuero que lo defienda en 2018”.
Sobre las declaraciones de Aguirre Rivero de que ha sido el gobernador que más apoyos dio a la Normal Rural de Ayotzinapa, el abogado puntualizó que no hay datos específicos al respecto, pues otros gobernadores sí lo han hecho. Además, “no es una graciosa concesión de Ángel Aguirre Rivero, es una obligación, es parte de lo que tenía que hacer” y la mayor parte del porcentaje de los recursos que destinó a la institución fueron como reparación por el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.