Lourdes Chávez

Chilpancingo

El coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Juan Antonio García Fidencia, consideró que la consulta del proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, tendrá el mismo resultado que la reforma al artículo segundo de la constitución, que reconoce sus derechos, pero en los hechos el propio gobierno no los respeta.
En consulta telefónica, señaló que apenas este miércoles tuvo una discusión con un comandante de la Policía Ministerial de la agencia del Ministerio Público de Ayutla, quien quería saber qué ley avala los usos y costumbres, y dónde dice que la CRAC puede reeducar.
“Si no lo sabe usted que es servidor publico, yo soy ciudadano, revise el 2 constitucional que se aprobó en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, le respondió,
Explicó que lo llamaron al MP para pedir que dejara en libertad a una persona que se encuentra en proceso de reeducación, porque sus familiares promovieron un amparo en el Poder Judicial de la Federación.
Ahí le explicó que un coordinador no puede autorizar la libertad de una persona, y tendrían que hablar con el comisario de la localidad de San Felipe de Jesús, en el municipio Ñuu Savi, para conocer la falta que se cometió y el proceso que se realizó.
Añadió que tras la discusión, el comandante pidió ir a la comunidad con la Guardia Nacional (GN), a verificar las condiciones en que se encontraba la persona en cuestión, si respetaban sus derechos humanos.
También le recordó que los militares no son admitidos en el sistema de justicia por el error que cometieron en El Charco, donde masacraron a campesinos, además del acoso que persiste.
Aclaró que la CRAC sí respeta a las instituciones, para que fueran hoy a la comunidad de San Felipe a conocer el caso, pero insistió en que como autoridad del Estado mexicano escuche con atención a las autoridades comunitarias que no le negarán el paso.
García Fidencia enfatizó que los coordinadores de la CRAC-PC no están solos, los respaldan autoridades comunitarias y obedecen a su asamblea.
Recordó que en otro caso similar que se analizó el pasado 20 de junio, la asamblea de la Casa de Justicia de El Paraíso decidió defender el sistema comunitario, y sus abogados ya están respondiendo al poder judicial federal en aquel juicio de amparo.
En cuanto al proceso de consulta de la propuesta de ley general, reglamentaria del artículo 2 constitucional, opinó que pasará lo mismo que con la anterior, porque no respetan la jurisdicción indígena.
“Nosotros exigimos al gobierno del estado y al federal que respete nuestros derechos, nuestras asambleas comunitarias, con participación de autoridades comunitarias, agrarias y municipales, como el gobierno Ñuu savi”.
Añadió que sus abogados que ya revisaron la propuesta de Ley General, y les dijeron que no plantea nada para el reconocimiento para las casas de justicia de la CRAC-PC, aunque menciona la jurisdicción indígena, que también señala el segundo constitucional.
Consideró que el día de los foros deliberativos, programados a finales de agosto en Guerrero, los pueblos indígenas y afromexicanos  sólo van a votar sí o no están de acuerdo con la propuesta.
Aclaró que algunos apoyos para los pueblos indicados en el documento de Ley ya se están implementando, pero no de acuerdo en que cada vez que la Coordinadora busca a los diputados y a las autoridades federales para tener un respaldo legal efectivo no tienen respuesta.
Recordó que distintas organizaciones sociales y activistas llevaron al Congreso local una propuesta de ley que elaboraron con los pueblos; tuvieron varias reuniones con diputados locales que ni siquiera han llevado un proyecto para la discusión y análisis en plenaria.
“Varios diputados dicen que vienen de los pueblos indígenas, pero ninguno de ellos ha presentado una propuesta de seguridad comunitaria”.
Asimismo, dijo que tuvieron una mesa de diálogo con mandos del ejército en Cruz Grande, en Tlapa y Chilpancingo, “nos hicieron tontos, decían ‘sí, sí va a pasar’, y no hay nada. Lo mismo en el Congreso de Guerrero. Nos dijeron, ‘vamos analizar’. Cuando vieron que se iba a complicar los derechos de jurisdicción y seguridad suspendían las citas”.
Añadió que para la CRAC-PC el artículo 2 es claro en los derechos de los pueblos, que en los hechos no se aplican: en la jurisdicción indígena, ni en el acceso a la salud, de vivienda, de educación o a ejes carreteros.
Denunció que desaparecieron la Ley 701 Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero, con otra ley que impulsó el ex gobernador Héctor Astudillo.
Al final, tras una controversia constitucional no quedó ni la 701 ni la ley de Astudillo Flores, “decían en la SCJN ‘pónganse de acuerdo’. Como el Congreso no hizo nada en dos legislaturas, los apercibieron con destituir a los diputados y al final tampoco pasó nada”.