Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, organizaciones de familiares de personas desaparecidas de Guerrero promoverán un amparo por omisión legislativa contra la titular del poder Ejecutivo, Evelyn Salgado Pineda, y el Congreso local, por no haber armonizado la legislación estatal con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, informó el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez.
En el festejo del Día de Reyes para hijos de personas desaparecidas, en un domicilio de la colonia Galeana, que organiza año con año la asociación, recordó en el artículo transitorio de la ley señaló un plazo de seis meses para que gobernadores y jefatura de gobierno de Ciudad de México adecuaran los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a fin de cumplir y armonizarlos con las disposiciones contenidas en la ley. Ese plazo venció hace cuatro años, en enero de 2019, precisó.
Recordó que la declaración especial de ausencia permite a familiares de personas desaparecidas disponer de propiedades, potestades, plazas y acceso a la salud, que no tendrán mientras no se establezca un paradero.
Informó que las desapariciones en Guerrero no paran, que hasta el día de viernes en la madrugada el Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas, de la Secretaría de Gobernación, llevaba mil 873 casos sólo en Guerrero, sin contar el universo de personas que no denuncia. El dato fue proporcionado en una reunión en la Cdmx, por funcionarios federales con la asociación nacional Ni Una Menos México, de la que Lupita Rodríguez fue cofundadora, indicó.
“Es difícil en este ambiente que la gente se anime a hacer su denuncia, tienen miedo. Llevamos casos de personas que hace cinco años perdieron a sus familiares y apenas están haciendo los trámites. Ya nomás quieren, como la mayoría de nosotros, saber cuál fue la suerte, no pedimos justicia, solo que nos dejen buscar en paz”.
Señaló que el año pasado, en el país asesinaron a siete activistas que buscaban a sus familiares, la última fue la señora María Carmela, en Abasolo, Guanajuato, de Personas Desaparecidas de Pénjamo.
Ahora, que está en revisión el proyecto de Ley de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, señaló que los colectivos exigen autonomía para las comisiones estatales de Atención a Víctimas y de Búsqueda de desaparecidos. Cuestionó que la CEAV sigue metiendo documentos para trámites personales en la Secretaría General de Gobierno, que paga con retraso, después de un mes de cada fecha de pago.
“No puedo hablar bien de ninguna institución. Hay muchas carencias, por ejemplo, en los operativos de búsqueda de personas en fosas clandestinas con el fuero común que depende del estado. Apenas les entregaron algunos vehículos, pero no creo que sea lo que ellos solicitaron”.
Señaló que en otras comisiones, como en el Estado de México, hay suficientes vehículos, maquinaria pesada, hasta lanchas, “sin tener mar, cuando aquí hay un programa tan grande de desaparición forzada en la laguna de Tres Palos, en el mar desde 1974”.
Asimismo, plantea autonomía para los servicios médico forenses y un centro nacional de idenficación humana, con el modelo de Coahuila.