Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al menos 22 agrupaciones sociales, de campesinos, profesionistas, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de desaparecidos y asesinados, propusieron ante el Congreso local al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, para que sea considerado como aspirante a ocupar el cargo de fiscal general de Guerrero.
En un escrito, fechado el 11 de noviembre, dirigido a los diputados de la 53 legislatura del Congreso local, argumentan que el también abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es una persona “de probada honestidad, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos, con una trayectoria de 20 años de litigio en la defensa de luchadores sociales criminalizados, asesinados y desaparecidos; persona con una mística de servir a la gente, comprometido con el cumplimiento de las leyes a favor de los de abajo y con el acceso a la justicia para los que menos tienen”.
Entre las organizaciones que promueven al abogado están la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Organización Lucio Cabañas Barrientos, Ejidatarios de Puerto Marqués, Frente Obradorista de Guerrero, Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de Playa Icacos, Frente Opositor al Muelle Icacos, Sindicato Único de Trabajadores de la CAPAMA, Ejidatarios de la Ruta Sol, Movimiento Popular Magisterial y la Cooperativa Costa Rica.
Las agrupaciones reprochan en su escrito la dilación, opacidad e impunidad de quienes han ocupado la Fiscalía, en muchos de los crímenes contra integrantes del movimiento social, mismos que, denuncian, permanecen sin esclarecerse.
Recuerdan los casos de los indígenas de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; los asesinatos del diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera; de los dirigentes sociales Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Ranferi Hernández Acevedo.
También los asesinatos de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino; además, la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, y los casos de los defensores Arnulfo Cerón y Vicente Suástegui.
Se quejan también de que la impartición de justicia es selectiva. “A los indígenas y campesinos nos tratan con desprecio cuando ocudimos a los órganos de procuración de justicia, esperamos largas horas y no somos atendidos en nuestros reclamos. Los comerciantes sufrimos los estragos de la violencia de grupos criminales, que nos extorsionan y amenazan a plena luz del día, sin que los órganos de justicia hagan algo, pese a las denuncias que interponemos”, se quejan.
Otras agrupaciones que respaldan el documento son la Cooperativa Huachinango, Unión de Comerciantes y Artículos Típicos de Caleta a la Base Naval, Unión de Vendedores de Artesanías de Playa Hornos a la Base, Grupo Ambientalista Erizo de Mar, Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, Sindicato de Trabajadores de Organizaciones Operadores de Agua de Estado de Guerrero, Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, Frente de Organizaciones Unidas y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero.
Argumentan en su escrito que les preocupa la violencia generada por el crimen organizado, “en connivencia con autoridades, lo que está ocasionando miles de muertos y desaparecidos en nuestra entidad”.
Subrayan que los casos no están siendo investigados de manera pronta e imparcial. “No se realizan búsquedas efectivas para localizar a los desaparecidos, han sido los familiares quienes se han organizado para buscar a los suyos”.
Agregan que, mientras tanto, en la Fiscalía General del Estado “persiste la corrupción, varios ministerios públicos conciben la justicia como un medio para obtener ganancias económicas, mientras las víctimas caminan con su dolor a cuestas”.
Denuncian que las fiscalías regionales carecen de personal para dar atención de calidad a la gente. “No existen los suficientes peritos para atender diversas materias”.
También se quejan de que en las zonas indígenas carecen de peritos intérpretes y del sexo femenino, para atender a mujeres víctimas de violencia, y que los índices de feminicidios van en aumento, “sin que haya investigaciones prontas, imparciales y efectivas, que castiguen a los perpetradores”.
Además, reprochan que los servidores públicos dan un trato prepotente, discriminatorio e insensible a quienes acuden en búsqueda de justicia.
Recalcan que esto ha hecho que se pierda la confianza en la Fiscalía, “la gente desiste de denunciar, produciéndose un aumento en el ciclo de la violencia y vulneración a las leyes, en detrimento del ciudadano de a pie que sufre las consecuencias de la impunidad”.
Por ello, ante el proceso de elección del fiscal general proponen que el nombramiento del nuevo sea transparente y atendiendo a los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.
Piden que se privilegie en el nombramiento a una persona que conozca la materia y sepa del caminar escabroso de las víctimas, que transitan en el laberinto de la justicia.
“Atento a lo anterior, proponemos para fiscal general a Vidulfo Rosales Sierra, persona de probada honestidad, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos”.
Aseguran que el abogado estará a la altura que demandan los nuevos tiempos y que su actuación será imparcial “y no sucumbirá a la tentación del dinero y el poder que corrompe y genera injusticias”.
Sostienen que el abogado ha mostrado “temple para luchar contra los poderosos, representando en los tribunales a las víctimas de abajo”.
Recuerdan que “ha obteniendo importantes victorias para los pobres”, como los juicios ganados en la presa La Parota, la libertad de presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), y que con su representación se logró que las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega obtuviesen justicia, y que el caso del defensor Arnulfo Cerón presente importantes avances.
“Esperamos que la voz de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de las víctimas y personalidades se atienda y no sean los acuerdos de partidos políticos y de grupos de intereses lo que prevalezcan”, concluyen.
También respaldan el documento la Asociación de Abogados del Pueblo, así como la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, y las defensoras Teresita de Jesús García López, Angélica Narváez Pérez, María Luisa Garfias Marín, Patricia Barba Ávila, Luis Alfonso Muñiz Mariano y la viuda del dirigente social Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza Martínez.
El proceso para designar al nuevo fiscal por el Congreso local comenzará este 15 de noviembre, cuando surte efecto la renuncia del actual fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
Otros que han manifestado sus aspiraciones a través de las redes sociales paa ocupar el cargo, principalmente en Facebook, son el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos en el periodo de gobierno de Rogelio Ortega, Victoriano Sánchez Carvajal; el ex integrante del Institutito de Ciencias Penales de la FGR y Ministerio Público de la Fiscalía estatal, Miguel Ángel Astudillo Ponce; el ex director de Reglamentos del municipio de Acapulco en la administración de Félix Salgado Macedonio, Alfonso Calderón Velázquez; la abogada y ex coordinadora de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ex directora de la Universidad Policial en la administración de Héctor Astudillo, así como secretaria general del Ayuntamiento en el último año de Antonio Gaspar Beltrán, Anacleta López Vega.
Además, el ex fiscal en el periodo de gobierno de Rogelio Ortega, Miguel Ángel Godínez Muñoz, y el abogado José Balbuena Herrera, ex asesor del fiscal Miguel Ángel Godínez y coordinador de asesores del fiscal en el gobierno de Ortega Martínez.
Aunque hasta el jueves pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, informó que sólo se había registrado el doctor en derecho Porfirio Mercado Bacho.