Lourdes Chávez

Chilpancingo

La denuncia de violencia familiar contra el alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Zayas, presentada por su esposa Rosalía, muestra la urgencia de legislar en Guerrero la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para que ningún agresor pueda ocupar cargo de representación popular o por designación, señaló la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
En denuncia telefónica, pidió que el Congreso local también llame a comparecer al alcalde e inicie un procedimiento de juicio político conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas, Penales, Civiles de Servidores Públicos del Estado.
La diputada local de Morena, Beatriz Mojica Morga, a través de un boletín de prensa, confirmó la pertinencia de analizar la procedencia de juicio político contra la autoridad municipal demandada por golpear a su esposa.
A nombre de la Red, Salinas Díaz condenó de manera la agresión porque además de cometer un delito, “como autoridad municipal, es un agente del Estado mexicano que violenta derechos humanos no sólo de la víctima, sino del conjunto de ciudadanas que representa el Ayuntamiento”.
Por ello, consideró que el congreso debe llamarlo a comparecer, y aplicar la norma donde se establece que el servidor público que violen derechos humanos es sujeto de juicio político.
“Este alcalde debe ser llamado ya por el Congreso a juicio político por violación de derechos humanos, que se agrava con declaraciones que el propio presidente municipal ha hecho, donde lanza un discurso público de normalización de la violencia de género contra las mujeres”, dijo sobre una entrevista videograbada en un medio regional.
Ahí, el alcalde habría señalado que no le importa lo que hagan o diga incluso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque el asunto es un tema familiar.
Salinas aclaró que la autoridad municipal tiene obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y ley 553 en la misma materia del estado de Guerrero, que no sólo no se están cumpliendo en Alcozauca, sino que el presidente está violando.
A pregunta expresa, señaló que la Red no ha tenido contacto con la víctima, tampoco el Nodo Regional para Prevenir y atender la violencia política contra las Mujeres que coordina su compañera Erika Garrido en la Montaña. Indicó que conocieron el caso a través de los medios de comunicación, y tienen toda su disposición de acompañar a Rosalía en el momento que lo considere necesario, desde la directiva estatal de la Red.

Gran parte de las violencias siguen
impunes, dice Muriel Salinas

Salinas Díaz destacó que ahora se discute en la Cámara de Diputados y algunos congresos locales como el de Yucatán, los criterios de elegibilidad para ocupar cargos públicos y de elección popular que incluye los de la 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres. Es decir, que quienes aspiren a los puestos no hayan sido sancionados por violencia en razón de género, política, sexual o patrimonial.
Sin embargo, denunció que aún existe una laguna legal en ese planteamiento, porque se aplicó en las elecciones pasadas y no funcionó por el elevado grado de impunidad que prevalece en el país, donde más de 90 por ciento de los delitos denunciados se encuentran impunes.
“La propuesta desde las Instituyentes y otras organizaciones nacionales es que se legisle no sólo para sentenciados, sino que, cuando haya un proceso penal iniciado sea suficiente para que la persona acusada a no pueda ser candidato o candidata a cargos de elección popular, hasta que el expediente sea resuelto”.
Si bien, es fundamental la presunción de inocencia, también lo es que autoridades realicen investigaciones eficientes y eficaces, expeditas, especializadas, con perspectiva de género y que garanticen el debido proceso, enfatizó.
La Fiscalía General del Estado y las Agencias del Ministerio Público
deben garantizar el acceso a la justicia con un enfoque de derechos humanos y de género, “y ahí es donde está el gran talón de Aquiles”.
Sobre todo, señaló que debemos creer a las víctimas, “nos preocupa muchísimo lo que señaló el alcalde, que no le importa reacción de la gobernadora, es una verdadera afrenta, necesitamos cerrar filas ante esta violencia que también es feminicida”.

Propone Beatriz Mojica separación del edil
mientras se investiga

La diputada Beatriz Mojica planteó en un comunicado que el alcalde de Alcozauca se separe del cargo en tanto la Fiscalía realiza la investigación.
Confió en que el proceso será de forma expedita y con perspectiva de género, con medidas de protección para la víctima, pues en el estado “68.8% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la mayoría de las veces ejercida por sus parejas sentimentales, según las estadísticas del Inegi”.
Recordó que esta legislatura tiene el compromiso de seguir impulsando leyes que protejan a las mujeres y a las niñas y garantizarles una vida libre de violencia, y si es necesario señaló que deben considerar el procedimiento de juicio político contra el alcalde debido a la violación grave a los derechos humanos y la conducta antisocial que cometió.
Convocó a autoridades y sociedad en general contribuir en la erradicación de cualquier acto de violencia contra las mujeres, “nos corresponde a todas y todos prevenir, combatir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y poner especial énfasis a las regiones más alejadas y vulnerables del estado”.