Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Agremiados del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se manifesta-ron en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje contra la expulsión de dos integrantes del Comité Ejecutivo Central.
De acuerdo con los partici-pantes en la protesta en el edificio Vicente Guerrero, Carlos Alberto Ramírez Hernández, quien fungía como subsecretario de Trabajo y Conflictos de Salud, y José de la Cruz Gervacio, subsecretario de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias, fueron expulsados el pasado 12 y 13 de mayo, respectivamente, de manera verbal por la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, sin que se respetara el procedimiento correcto.
Ramírez y De la Cruz son de la sección 18 del SUSPEG, que encabeza la secretaria general María Adelita Radilla López, y que agrupa a maestros de educación básica de Chilpancingo, el Valle del Ocotito, Mochitlán, Quechultenango y Tierra Colorada.
Ayer agremiados de esa sección y de la 14 de maestros de Acapulco acudieron al edificio ubicado en la avenida Benito Juárez para respaldarlos, debido a que estaba programada una audiencia de su caso, pero no acudió ningún representante del comité.
De las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, unos 60 sindicalizados permanecieron en el acceso princi-pal, sin impedir el paso a las ofici-nas, mientras coreaban consignas como “secciones unidas, jamás serán vencidas” y “no están solos”.
Los manifestantes acusaron a la presidenta del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje, Miriam Cortés Cisneros, de estar en “complicidad” con el Comité Ejecutivo Central del SUSPEG, debido a que permitió que la audiencia se reprogramara para el 29 de septiembre y no facilitó el padrón ni los estatutos que solicitaron, bajo el argumento de que la única facultada para solicitarlos es Adela Hernández.
Juan Alberto Rodríguez Ren-dón, de la sección 14 del mismo SUSPEG, explicó que los manifestantes “estamos en defensa de los compañeros expulsados”, porque solicitaron por escrito, ante el comité y el tribunal el padrón electoral y los estatutos del sindicato, puesto que al parecer fueron modificados para incluir a los trabajadores supernumerarios, quienes al no contar con plaza no pueden participar en las elecciones.
“No podemos permitir que por la soberbia expulsen a dos compañeros, pero además que no expliquen por qué lo hicieron. Es sospechoso que fueron expulsados porque no asistieron al informe de labores de su secretaria general, la compañera Adelita Radilla, eso sospechamos”, puntualizó.
Indicó que la demanda de los agremiados que respaldan a los dos expulsados es que Carlos Ramírez y José de la Cruz sean reincorporados al comité y que no se permita que haya un “fraude electoral” en la próxima renovación de representantes del sindicato.
Puntualizó que, debido a que ningún miembro del comité se presentó a la audiencia, “nosotros sospechamos que hay un contubernio entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el sindicato”.
“Entendemos que tienen un abogado que les asesora, pero les asesora para hacer el mal y están intentando alargar este proceso, para que finalmente entremos en una desesperación y caigamos en el cansancio, porque cada audiencia significa dinero que nosotros no tenemos”, expresó.
Advirtió que las autoridades “nos están orillando” a manifestarse de manera radical, ya sea bloqueando vialidades o cerrando oficinas en la capital.
Resaltó que, antes de acudir al tribunal, los agremiados procedieron ante la Comisión de Vigilancia del Comité, “para solucionar el problema que tenemos”. También pidieron, por oficio, la renuncia del secretario de Finanzas, Javier del Carmen Velázquez Pat, quien aspira a la secretaría general del SUSPEG, “porque se presta a que está utilizando nuestros recursos, para hacer campaña desde hace dos años”.
Responsabilizó a Adela Hernández “de lo que pase en el SUSPEG en la próxima elección, porque están enturbiando esta parte, nos están provocando, nos están enfrentando, pero sólo guardan silencio”.
Ante la situación, llamó al gobierno estatal a intervenir, pues “no puede ser que un gobierno democrático como el que tenemos, no sólo en el estado sino también en el país, tengamos un sindicato que se dice único en sus siglas y está completamente dividido”.
Manifestó que si las autoridades no intervienen, las próximas elecciones del SUSPEG serán “muy cuestionadas y va a haber muchos enfrentamientos y al final, el problema lo adquiere el gobierno estatal”.
“Nosotros exigimos piso parejo en la próxima elección. La convocatoria sale el 15 de octubre y las elecciones el 30 de noviembre, y si a estas alturas modifican el Estatuto para hacer votar a 4 mil compañeros que no tienen derecho a votar, que sepa la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) lo que pretenden hacerles a sus amigos suspegistas”, concluyó.