“¿Por qué solamente se detienen a los del Cecop y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”, preguntan en el mitin
Anarsis PachecoChilpancingo
Enero 13, 2018

Padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), detenidos en La Concepción.
A las 11:10 de la mañana un grupo de poco más de 100 manifestantes llegó en dos camiones a las instalaciones de la FGE, tras concentrarse una hora en el monumento a Las Banderas, donde llegaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Afuera de la Fiscalía, mediante un equipo de sonido, el vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió justicia para los policías comunitarios que permanecen detenidos tras los hechos del domingo pasado, así como por sus compañeros asesinados.
Los manifestantes pidieron a los trabajadores que les permitieran la entrada al estacionamiento de la Fiscalía, para que se realizara un mitin, pero ante la falta de respuesta quitaron un candado y una barricada, para poder entrar y protestar en una explanada de las instalaciones, en el acceso al Centro Estatal de Capacitación.
Durante la intervención, el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas señaló: “Queremos pedir que nuestros compañeros de la CRAC y CECOP sean liberados. ¿Por qué solamente se detienen a comunitarios y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”.
También recordó que aún queda pendiente resolver el tema de Ayotzinapa, “Ángel Aguirre aún no ha sido investigado, tampoco el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana, quien no ha revelado el contenido de más vídeos tomados por cámaras de seguridad en Iguala”.
Los trabajadores que estaban atendiéndolos, no les dieron respuesta sobre la solicitud de pasar, ya hasta que metieron, uno de ellos les pidió “nada más te encargo que los controles”.
En el mitin, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno del estado ha intentado despojar de sus hogares a los habitantes de La Concepción, para construir la presa desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos el domingo fueron realizados por el gobierno estatal, que ha violentado los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos y que se deben de acatar las indicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sobre las violaciones a éstos.
Durante la actividad, un padre de familia al que le desaparecieron su hijo en 2008, Claudio Munivez Rodríguez, denunció que la desaparición fue hecha por policías municipales que estaban a cargo de Bonifacio Montúfar, en el periodo de Mario Moreno Arcos, y que actualmente busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
En su intervención señaló que la delincuencia está dentro del mismo gobierno, recordó que cuando desapareció su hijo fue en un retén de policías municipales, que se colocaba en Tierras Prietas.
Señaló que cuando desapareció su hijo, Jonnathan Munivez Mayo, protestó en las instalaciones de la misma fiscalía para exigir la búsqueda.
Condena de investigadores del INAH
Investigadores adscritos a la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), condenaron los hechos ocurridos el domingo en La Concepción, Acapulco, donde 11 personas murieron y hubo 38 detenidos. Exigieron una investigación y respaldaron la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Cecop.
Los investigadores Amparo Sevilla Villalobos, Eliana Acosta Márquez, Hugo López Aceves, Verónica Ruiz Lagier, Giovanna Gasparello, Eduardo González Muñiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Laura Corona de la Peña, María Isabel Hernández González, Francisco Javier Guerrero, Rosa María Garza Marcué, José Arturo Motta Sánchez y Cristina Mansferrer León, firmaron el comunicado en exigencia de una investigación.