El presidente del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, Victoriano Sánchez Carbajal, sugirió que antes de liberar a los mil 400 reos que podrían obtener libertad al ya no considerarse graves 21 delitos, se dé libertad a reos que por buena conducta debería salir y que ya purgan condenas.
En tanto que el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez, afirmó que si la ley permite que los indiciados por delitos no graves tienen derecho a que continúe su proceso en libertad, tienen derecho a salir.
Ambos fueron consultados vía telefónica en relación con la declaración del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto López Celis, de que podrían salir de la cárcel mil 400 reos.
Sánchez Carbajal expuso que la reforma que permite la liberación ya es parte de los derechos humanos y quienes estén recluidos bajo proceso por alguno de los 21 delitos no graves, se les estarían violando sus derechos humanos, “existe un gran número de personas que se encuentran purgando condenas que ya debieran estar liberadas conforme a la determinación del comité que regula las libertades”.
El ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, señaló que el Comité Penitenciario también está entre sus facultades la liberación de reos que hayan mostrado buena conducta, fase terminal o por edad, “pero simple y sencillamente las autoridades no tienen la voluntad política para dejarlas en libertad “.
Expuso que hay dos vertientes para el reo procesado por los 21 delitos no graves, una en el que solicite con su abogada la libertad, y otra que desde la propia autoridad lo libere, “la autoridad tiene que actuar de manera oficiosa, sin que nadie se lo pida a efecto de que se respeten los derechos humanos, es una obligación constitucional”.
El presidente del Coliposdeg opinó que los reclusorios no cumplen con su objetivo de reinserción escolar, “son escuelas de delincuencia, el que entra, cuando purga su condena termina saliendo, pero ante la poca oportunidad de empleos pues es lógico que se vaya a delinquir de nueva cuenta en la mayoría de los casos”.
Explicó que los 21 delitos considerados no graves y quienes estén recluidos, pero no se les haya dictado sentencia ya no necesitan prisión preventiva. Quienes estén en ese proceso pueden solicitar seguirlo pero en libertad.
En el nuevo sistema penal acusatorio ya no se infiere que son culpables, de ahí a que estuvieran en prisión preventiva. Expuso que los expedientes a los cuales no les dictó sentencia y en su momento se consideraron graves y ya no lo son, pueden gozar los beneficios del nuevo sistema penal.
Enfatizó que los gobiernos deben atender el problema de hacinamiento e invertir en los reclusorios, para evitar motines como el de Las Cruces con sus 28 muertos. Indicó que ante las reformas en el sistema penal, consideren la prisión preventiva a los delitos de portación de armas y extorsión las cárceles volverían a ser sobrepobladas.
Expuso que a pesar de que el sistema penal acusatorio entró en vigencia en junio del año pasado, “rebotó” este mes por la falta de transparencia en la administración del sistema penal, sobre todo en Guerrero.
Citó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien el pasado marzo afirmó que por la liberación de 12 mil reos por el nuevo sistema penal acusatorio aumentó el número de delitos en la capital del país, habla de que hay una cifra clara por parte de los gobiernos estatales.