Durante la sesión de este martes en el Congreso local, los diputados del PRI y el PVEM rechazaron la propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presentaron diputados los diputados del PT Jesús Martínez Martínez, de MC Ricardo Mejía Berdeja, del PRD Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz y de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, por el que pretendían exhortar al gobernador para que expida el reglamento de la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado.
En el exhorto se planteaba que en el reglamento se contemple que la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, y que ésta cuente con mayor autonomía y con los recursos suficientes para la atención integral de las víctimas de desplazamiento interno, y que se reglamenten “todos los derechos y beneficios más amplios a las víctimas”.
En tribuna, Mejía Berdeja leyó la propuesta y argumentó que en Guerrero los delincuentes cometen delitos y no son castigados, y que eso genera un clima de impunidad y en consecuencia la sociedad se encuentra en estado de indefensión.
Afirmó que Guerrero no solo es inseguro sino que sus ciudadanos perciben latentemente el clima de inseguridad y “muchas de las víctimas en la sociedad, exigen continuamente mayores recursos para tratar de paliar las consecuencias económicas y ahora muchas de ellas exigen a las autoridades que asuman la responsabilidad que les corresponde, para que no aumente el número de víctimas en la entidad”.
Los diputados del PRD, MC, PT y Morena pidieron que se contemple en el reglamento de forma específica las autoridades que directamente habrán de atender el problema de desplazamiento interno en el estado, “el cual cada vez se hace más recurrente en las víctimas de violencia y que la dirección general de seguimiento, control y evaluación de asuntos de derechos humanos posea mayor autonomía y cuente con los recursos suficientes para la atención integral de las víctimas de desplazamiento, así como se reglamente todos los derechos y beneficios más amplios a las víctimas”.
La propuesta fue votada en contra por los diputados del PRI y del PVEM mientras que el diputado del PAN Iván Pachuca Domínguez se ausentó en la votación.
Desde que se conformó el Frente Ciudadano por México que integra el PRD, PAN y MC, el diputado del PAN que es afín a la fracción priista en el Congreso, ya no vota como los diputados priistas, y ahora se ausenta de las votaciones o simplemente no vota.

Relevan a Saúl Beltrán de comisiones

Después de casi seis meses de que el diputado priista Saúl Beltrán Orozco solicitó licencia entre señalamientos de tener vínculos con un grupo criminal de la Tierra Caliente y con una orden de aprehensión por homicidio, hasta ayer el Congreso lo suplió en las comisiones que integraba.
El priista Ricardo Moreno Arcos, fue designado vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y David Gama Pérez como secretario de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
El priista Samuel Reséndiz Peñaloza presentó una iniciativa que reforma los artículos 34, numeral 4, y 37 fracción tercera y cuarta de la Constitución de Guerrero, que plantea que se impulse la inclusión de los jóvenes en las candidaturas, y sugiere que partidos políticos postulen en un 30 por ciento a jóvenes entre 21 a 29 años.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja también presentó una propuesta que reforma la Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del Estado, que plantea que se de facultades a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que discuta y verifique la política pública, permisos y autorizaciones de obras que impacten el medio ambiente.
Dijo que la iniciativa presentada forma parte de un paquete de reformas que buscan aminorar el impacto negativo que tienen en las comunidades los desastres naturales.
Las cuatro adiciones a la ley propuestas buscan que la SEMAREN tenga la posibilidad de frenar ciertas obras o actividades cuando es evidente el daño o depredación al medio ambiente cuando la obra o actividad de que se trate, solicite desarrollarse dentro del territorio de un área natural protegida que no cuente con un programa de manejo o que, contando con uno, no sea acorde con el área.