Las fracciones del PRI y el PVEM, bloquearon con su voto un exhorto al gobierno federal y estatal para que se realicen estudios del impacto ambiental a las empresas mineras extractoras en el estado, y en caso de que o cumplan con los estándares de calidad se les apliquen sanciones.
En otro momento de la sesión el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Silvano Blanco de Aquino, de Movimiento Ciudadano, mostró copia del amparo indirecto de la empresa minera Media Luna para con la que pretende evadir el pago del 7.5 por ciento de lo que anualmente reporta como ganancias.
De ese porcentaje, el 60 por ciento se entrega a los municipios donde hay minas, el 20 por ciento a la federación y el resto al gobierno del estado.
Ayer en la primera de las dos sesiones del Congreso local, el diputado perredista, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca, Isidro Duarte Cabrera, presentó una propuesta de exhorto al presidente de la República Enrique Peña Nieto, para que “instruya al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejerza la facultad que le concede la fracción 14, de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en correlación con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, y realice un estudio de impacto ambiental en las concesiones mineras que se encuentran operando en   el estado”.
Esto, para identificar a aquellas que no cumplan con la normatividad ambiental y “se apliquen las sanciones correspondientes; asimismo, se busquen mecanismos para que a través de la riqueza obtenida por la explotación se realicen acciones de mitigación de impacto ambiental en las localidades aledañas donde se ubiquen las explotaciones mineras”.
En su segundo punto, la propuesta del perredista establecía un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que instruya a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recurso Naturales, Karen Castrejón Trujillo, para que en coordinación con la dependencia federal realicen el estudio específico de impacto ambiental de cada una de las concesiones mineras que operan “y se establezcan los mecanismos de sanción, regulación y prevención debido a la explotación minera y de recuperación del medio ambiente en las localidades aledaña”.
Sin embargo la propuesta fue votada en contra por las fracciones del PRI y el PVEM, por lo que no alcanzó la votación para ser aprobada y fue turnada a comisiones.
La argumentación del diputado promotor fue que se pretendía hacer público el deterioro del medio ambiente en Guerrero provocado por la explotación minera, además de que planteó la “búsqueda de mecanismos compensatorios” para que a través de la riqueza obtenida por las empresas se realicen acciones de mitigación de impacto ambiental.
En tribuna Isidro Duarte apuntó que el 21.22 por ciento del territorio guerrerense se encuentra expuesto al deterioro ambiental, por las 28 concesiones otorgadas a diferentes empresas mineras, porque causa un fuerte impacto ambiental, “debido a la destrucción de los suelos naturales y creación de nuevos suelos, los cuales presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan el desarrollo de la vegetación. Eso sin contar la contaminación que producen los relaves sobre las fuentes de agua y los altos niveles de plomo y azufre que se quedan en el aire”.
En la sesión, el diputado Silvano Blanco de Aquino afirmó que las empresas mineras no cumplen con el pago al Fondo Minero que el último día de marzo las empresas deben de reportar cuanto ganaron para entregar el 7.5 por ciento de esos recursos.
De ellos, el 62.5 por ciento de los impuestos llega a los municipios, pero apuntó la empresa minera Media Luna decidió ampararse para no cumplir la ley Federal de Derechos.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Silvano Blanco reprochó el doble discurso de la minera Media Luna porque “se asume como humanista y comprometida con el desarrollo de los pueblos en que opera, pero en los hechos recurre a los tribunales para evitar el pago del impuesto minero de reciente creación”.
En tribuna, el diputado de MC mostró la copia del amparo indirecto que promovió  la minera en junio pasado en contra de la ley Federal de Derechos, con lo que pretende dejar de pagar el impuesto especial, que es del 7.5 porciento.
También recordó que las empresas mineras no pagan predial ni el derecho de alumbrado público y que lo único que amortizan “en teoría es el 2 por ciento de la nómina”.
Pero en el caso de Media Luna, dijo que no paga el 2 porciento sobre la nómina, ya que “en aras de mantener la inversión, el gobierno de Guerrero les exentó dicho pago”.
Por su parte la diputada del PVEM María Luisa Vargas Mejía, afirmó que las empresas mineras con concesiones en el estado, cumplen todas con los pagos que la ley establece y festejó que generen empleos en el estado, además de que apuntó que estas no contaminan y que por eso tienen los permisos que necesitan para extraer minerales del estado.

Ley de ascensos y estímulos a policías, mal redactada: PRD

Ayer los diputados también aprobaron la iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores de Ley de Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía del Estado de Guerrero.
Las Comisiones unidas de Seguridad Pública y Desarrollo Económico y Trabajo, presentaron el dictamen al pleno.
La diputada perredista María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, argumentó en tribuna su decisión de abstenerse de votar el dictamen, porque consideró que este debe “ser cuidadosamente elaborado”, para que dé certeza, seguridad y confianza a los policías estatales.
Pero dijo que “desafortunadamente”, el proyecto de ley que presentaron las comisiones unidas “no ofrece esa certeza jurídica”, porque consideró que se tendría que realizar una reforma integral.
En ese sentido apuntó que debieron impulsar por lo menos las reformas a la ley Orgánica de la Fiscalía General, la Orgánica del Poder Judicial, la aplicable orgánicamente al Instituto de la Defensoría Pública del Estado y la propia Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo que hizo el Congreso fue “legislar por partes”, y ese dijo, es “un ejercicio desafortunado de remiendo irresponsable”.
Consideró que en la realización del dictamen de la propuesta de ley, no se aplicó la técnica legislativa y que esta tiene “innumerables las deficiencias”.
Y ejemplificó: “el artículo uno, establece que: la aplicación de la Ley corresponderá, al Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a propuesta del Vicepresidente de dicho Consejo. Dicho de otra manera, queda al arbitrio del Vicepresidente proponer o no la aplicación de la Ley”.
Además de que en la ley se apunta que “se entiende por Policía Estatal a todas las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública”, en lo que se incluye desde el secretario hasta los trabajadores de oficinas, dijo la diputada perredista, y alude a leyes inexistentes, como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
María del Carmen Cabrera apuntó que como consecuencia de la mala integración de la ley, se generarán conflictos laborales porque se establecerán sin criterio “las edades de retiro que corresponden a cada uno de los grados en la jerarquía del cuerpo policial”.
Por su parte, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez votó en contra la iniciativa de ley porque consideró que es violatoria de los derechos humanos los policías del estado porque a quien tenga 45 años “se le discrimina por su edad” y limita sus derechos.
Y consideró al ser la inseguridad y la violencia “el más grave flagelo de la sociedad guerrerense, esta ley debió ser consultada con las y los policías, con los mandos de seguridad pública, la Fiscalía General e incluso el Poder Judicial del Estado, para detectar las deficiencias que en muchos casos son exhibidas hasta el proceso judicial, lo que en el caso concreto no ocurrió y por eso al considerarla una norma que viola derechos humanos de estos servidores públicos, que en muchos casos están comprometidos hasta con la vida”.

Caso Robles Hurtado, patria potestad, liberación de aceras

Por otra parte el presidente de la Comisión de Justicia Héctor Vicario Castrejón leyó la argumentación del dictamen por el que se aprueba la renuncia al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, presentada por Robespierre Robles Hurtado.
Tras la aprobación, quedó sin efectos el decreto por el que se le nombró presidente.
La fracción de MC presentó una iniciativa para reformar la fracción cuarta y se adiciona la quinta al artículo 622,  del Código Civil del estado, en el que se establecen las causales para la pérdida de la patria potestad.
Para establecer que en los casos en que se dicte sentencia por el delito de violencia familiar, trata de personas, pederastia, lesiones que pongan en peligro la vida del menor o delitos contra la libertad sexual por parte de quien ejerza la patria potestad o por la tolerancia para que otras personas lo hagan.
También se perderá la patria potestad de los niños por la falta de suministrar alimentos en forma definitiva a pesar de ser decretados de manera judicial, sin embargo esto “no exime al deudor alimentario de proporcionarlos con posterioridad a la pérdida”.
La diputada perredista Eloísa Hernández Valle, propuso un exhorto que fue aprobado, por el cual le piden al gobernador que a través del secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, instruya al titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en Estado, “para que dé cumplimiento a lo dispuesto por la ley de Transporte y Vialidad en estado y su respectivo reglamento, a efecto de liberar las aceras y los espacios de vía pública que permitan a los peatones, personas con algún tipo de discapacidad motriz y de la tercera edad, poder circular sin poner en riesgo su vida”.
Por su parte el diputado del PVEM Mauricio Legarreta Martínez, presentó una propuesta para instituir el programa Palomas Mensajeras “en beneficio de la población migrante y sus familias”.
También el coordinador de la bancada del PVEM presentó una iniciativa para que labor de salvavidas y socorristas se incluyan a la ley de Protección Civil del Estado.
En la que se establece que a los salvavidas y socorristas se les debe de capacitar y dar instrumentos necesarios y que los ayuntamientos turísticos puedan otorgar la capacitación y equipo.