Dirigentes de organizaciones sociales rechazaron la propuesta del diputado priísta Joaquín Mier Peralta y la calificaron como “desafortunada”, “injusta” y “represiva”.

Coincidieron en que busca defender la falta de sensibilidad de los funcionarios para resolver sus demandas y dijeron que mejor debería castigarse a las autoridades que no cumplen con sus funciones.

Dos de los dirigentes que difieren con el resto, el dirigente de copreros, Manuel Baltasar Ávila Sierra, y el de la Red de Transportes en el estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez, consideraron que las medidas pudieran estar bien, siempre y cuando fueran aplicadas sin distingos, pues se ha visto que se sigue una línea política de aplicarla a un color y a otro no, que si los diputados piensan que con la iniciativa se solucionaran los problemas adelante, lo que sí pediría es que se castigue a las autoridades que no cumplen.

El dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos, dijo que “se pretende penalizar el derecho a la manifestación que tenemos como organizaciones sociales”.

Y luego añadió que las manifestaciones de protesta muchas veces se originan en el incumplmiento de los funcionarios de gobierno de minutas de acuerdos que firman con la idea de que los movimientos se diluyan al paso del tiempo.

Alquisiras Burgos dijo que espera que dicha iniciativa de ley no lleve el visto bueno del gobernador René Juárez Cisneros porque implica que se va a aprobar y “sería una señal represiva en el último tramo de su gobierno y yo pensaba que se iban a quedar sólo en la Ley Dimayuga”, y que en caso de aprobarse va a tener sus costos políticos para el partido que la propone en el proceso de elección a gobernador.

Por su parte, uno de los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, opinó que la iniciativa significa un retroceso a las conquistas de las organizaciones sociales para manifestarse libremente y “se echan abajo las declaraciones de Rene Juárez en el sentido de que en Guerrero existen libertades plenas”.

El dirigente del Frente Amplio de Consumidores de Acapulco, José de Cádiz Molina, dijo que se pretende justificar la represión contra las organizaciones y la calificó como un atentado contra los derechos sociales, y la libertad de expresión y de manifestación de los ciudadanos.

Para el líder del Frente Popular Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, es desafortunada y una ley de vergüenza con la que se pretende mantener atados de manos a los movimientos sociales que tienen que presionar de alguna forma para que sus demandas sean atendidas. Hizo un llamado a los diputados locales del PRD, si todavía mantienen la visión de compromiso de izquierda, que se deslinden de esa iniciativa y que no la aprueben.

El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez advirtió que la lucha no va a parar porque encarcelen a los líderes, y que lo único que están logrando es que el pueblo se organice todavía más. Dijo que esas son las actitudes de gobierno que orillan a los pueblos a tomar el camino de las armas.

El presidente de la Organización de la Alianza de Transportistas, Eleazar Hernández Camacho, expresó que los diputados locales deben encarcelar a los funcionarios corruptos y proteger a los ciudadanos.

Para el coordinador de la Coalición Mixta de Transportistas en el Estado, Miguel Angel Piña Garibay, sería cuestión de analizar la iniciativa y que en todo caso los líderes radicales son los que se deben preocupar porque hay ocasiones en que se salen de control cuando llevan a cabo manifestaciones. (Zacarías Cervantes, Karina Contreras y Luluani Vega).