Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó a los municipios de reciente creación a luchar por el régimen de usos y costumbres.
Barrera presentó la ponencia Representación política de los pueblos originarios y comunidades indígenas y afromexicanas, el sá-bado en el Diplomado en Justicia Electoral, Participación Política y Representación de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado.
En su intervención, el director de Tlachinollan expuso que de los nuevos municipios aprobados por el Congreso del Estado en zonas con numerosa población indígena, sólo Ayutla logró mediante “una lucha intensa, difícil, complicada”, regirse por usos y costumbres.
Detalló que los usos y costumbres son una forma de gobierno “que tiene que ver con el ejercicio horizontal del poder, visto desde el punto de vista de los cargos comunitarios”.
Resaltó que quien desempeña un cargo en este régimen, “no es el que ordena ni el que manda. Es el que obedece, es el que escucha a la asamblea, es el que aplica la decisión de órgano mayor que es la Asamblea Comunitaria”.
“En Guerrero apenas estamos ante una experiencia inédita, todavía no muy bien cuajada, porque no quieren los partidos políticos ni los líderes de los partidos, que haya mu-nicipios indígenas por usos y cos-tumbres, todos se oponen”, expresó.
Afirmó que la representación política de los pueblos indígenas “todavía no está consolidada en nuestro estado”. En ese sentido, manifestó que hay “cuotas políticas, cuotas partidistas” en los gobiernos municipales.
Ejemplificó que el alcalde priista de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga, dice ser “el primer presidente indígena”, a pesar de que los 19 municipios de la Montaña cuentan con un población mayoritaria indígena, “estamos lejos todavía de la representación política de las comunidades y pueblos indígenas, muy lejos”.
Señaló que “hay un vacío jurídico”, debido a que las leyes de Guerrero “no garantizan el derecho a la libre determinación de los pueblos, en términos de su ejercicio como comunidades autónomas”, ya que este enfoque no ha sido incorporado de manera local.
Criticó que el modelo de democracia fue impuesto en el país, por “los conquistadores” y aunque “es bueno”, una sociedad plural debe serlo en lo jurídico, político y en las formas de gobierno, “donde los pueblos indígenas tengan su propia forma de gobernarse”.
Puntualizó que la Montaña cuenta con ríos y las concesiones mineras “más grandes”, y los pueblos indígenas han defendido su “territorio sagrado” mediante am-paros que también han presentado para exigir que las autoridades garanticen su derecho a la educa-ción, ante la falta de maestros en las escuelas de la región.
Recordó que Cochoapa El Grande “luchó por ser municipio, se separó de Metlatónoc, y sigue ocupando los primeros lugares de pobreza extrema”.
Para Abel Barrera los gobiernos municipales por el sistema de partidos han agravado la margi-nación y las carencias de los pueblos indígenas, por la corrupción.
“Se está llegando a otra cultura, la cultura del gandalla, del mafioso, la cultura de los negocios turbios. Si quieres ir al cerro de La Garza para abajo, le tienes que pensar porque te pueden asaltar, entonces los territorios indígenas están también pulverizándose en términos del control territorial, tanto por grupos de la delincuencia como por la delincuencia institucionali-zada”.
Por ello, dijo que es importante que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, “de ahí la necesidad de armonizar (las leyes)”, no obstante, “históricamente, el Congreso ha sido un muro infranqueable que no permite abrir un camino con la creación de nuevos municipios por usos y costumbres”.
Ante esta situación, llamó a los nuevos municipios a luchar por un nuevo régimen y a los diputados locales a “saltar la tranca” y a “colocarse del lado de los pueblos y eso tiene su costo”.
En la sesión estuvieron el repre-sentante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Manuel Vázquez Quintero; el diputado Pánfilo Sán-chez Almazán, las consejeras del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y Dora Luz Morales.