El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.

Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015

También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen  por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va  avanzar”, dijo Ocie García.

Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac

Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de  la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.

Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum

Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.