Agencia Reforma

Ciudad de México

Dos ex funcionarias de Guerrero, ambas de edad avanzada, son las “personas colaboradoras” que declararon contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido el jueves por el supuesto ocultamiento o destrucción de videos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso informaron que se trata de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín.
Galena Marín obtuvo la semana pasada el beneficio de la prisión domiciliaria, como parte de un proceso en el que se la acusa de colaborar en la desaparición de los videos, captados por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La otra testigo es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue detenida en marzo pasado luego de un cateo a su departamento en Chilpancingo, en el que fueron asegurados cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de “medicamentos controlados”, y que entonces se dijo que era en el momento de los hechos de Iguala subprocuradora de Justicia del estado. El cateo en la casa de quien otras fuentes presentan como visitadora del Tribunal Superior de Justicia fue parte de la investigación del caso Ayotzinapa.
Las fuentes informaron que ambas ex funcionarias habrían pactado un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una carpeta de investigación distinta a la que generó su detención.
Galeana Marín, de 81 años, estaba recluida desde mayo de 2025 en el penal femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, pero la semana pasada fue trasladada a su casa en Chilpancingo.
Estrada Ortega tiene 73 años, mientras que la persona con la que fue detenida durante el cateo, Margarita Anguiano Castro, tiene 83 años.
Una jueza del Reclusorio Norte las vinculó a proceso por los cartuchos y las armas, y, pese a que acreditaron varios problemas de salud, rechazó su petición de prisión domiciliaria, enviándolas al penal femenil de Tepepan.
La FGR cateó el departamento de Estrada en la colonia Jardín Balbuena por un testimonio que la relaciona con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Esas filmaciones pudieron haber captado el momento en que un autobús que trasladaba a los normalistas fue detenido por policías locales.