Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades indígenas de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), rompieron pláticas con diputados del Congreso, debido a que se enteraron que en la armonización de la ley indígena local con la federal no se tomarán en cuenta propuestas de la institución comunitaria.
Se reunieron este martes con coordinadores, consejeros y asesores jurídicos de la CRAC, estuvieron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán y Aristóteles Tito Arroyo, los tres de Morena.
Al término del encuentro, en conferencia de prensa, los representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC informaron que en la armonización de la ley indígena quedarán fuera temas como territorio, gobierno y sistemas normativos, por los que históricamente ha venido luchando la CRAC y su Policía Comunitaria (CRAC-PC).
El coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Martín Rosales Sierra, reprochó que en el artículo 2 de la Constitución General de la República se reconocen los derechos de los pueblos indígenas pero solo para atender asuntos internos, “y con eso pensaron que ya estaba resuelto todo, es decir, la resolución de conflictos internos a nivel de comisarías y delegaciones”.
Explicó que por eso los pueblos indígenas y afromexicanos, y concretamente la CRAC-PC, piden que en el texto constitucional de la ley local se incorpore la procuración de justicia y la reeducación que quedaron fuera en la reforma federal.
“Se reconoce solamente el sistema de seguridad, y tal pareciera que lo que estamos haciendo son acciones ilícitas, fuera de la ley, sin embargo son mandatadas por nuestras asambleas”.
Indicó que la reunión de ayer fue el último intento para platicar “y la esperanza de las cinco casas era que se legislara a favor de eso, pero la respuesta ya está dada; la reforma ya está planchada y no van a reconocer nuestra jurisdicción indígena ni nuestro sistema normativo, es decir, van a replicar solamente lo que ya se legisló a nivel nacional”.
Dijo que para la CRAC-PC se trata de una traición de los diputados a los pueblos indígenas de Guerrero, “a 30 años de lucha de nuestras asambleas de los indígenas y afromexicanos”.
Reprochó que la negativa de reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos por los diputados “es un golpe más a nuestras asambleas y a nuestros pueblos y estamos dolidos por estas decisiones”.
La CRAC-PC, históricamente ha venido pidiendo reformas a la Constitución local desde el artículo 8 al 14, que contienen la jurisdicción indígena, territorio, representación política y el derecho a la consulta.
Ayer Rosales Sierra explicó que en la región de la Montaña, por ejemplo, hay graves problemas por las concesiones mineras “que no se han retirado”, y añadió que eso, es decir la defensa del territorio, el artículo 2 Constitucional federal no lo alcanzó a registrar.
“Lo que estábamos pidiendo es que se integrara la propuesta integral del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI) que recogió en 52 foros las aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero que cuando llegó a manos de la consejería jurídica fue rasurada totalmente”.
Añadió que de 17 artículos que se proponía reformarse, solamente se reformó el 2, “dejando el resto como ya está, sin ningún cambio, solamente son cuestiones de reconocimiento que en la práctica y en los hechos, en más de 30 años, ya lo venimos haciendo”.

Llevarán propuesta de diputados a las comunidades

El coordinador de la CRAC anunció que la respuesta de los diputados será llevada a los pueblos y comunidades y que serán las asambleas las que decidan qué hacer.
“De alguna manera nos vamos fortalecidos porque nos regresamos a nuestras comunidades y en asambleas les vamos a informar a las 205 comunidades que tenemos como CRAC, y serán las que tomarán una decisión”.
Advirtió: “Hasta este momento nosotros no hemos venido con resorteras, palos ni machetes a exigir un derecho, hemos tratado de seguir los cauces legales y formales con las instituciones del estado, pero vimos que la respuesta fue muda y sorda, no nos escucharon, por el contrario, traicionaron a los pueblos que conforman la Coordinadora”.
El asesor jurídico de la CRAC, Vidulfo Rosales Sierra, recordó que en septiembre se aprobó la reforma Constitucional federal en la que se reformó el artículo 2 constitucional, y que la inconformidad de la CRAC es que en esa reforma no se retomó la iniciativa original del INPI que recogió en los 52 foros que se realizaron en el país.
“Quedaron fuera tres temas medulares; la jurisdicción indígena, que fue reconocida de manera parcial; la propiedad y el territorio de los pueblos, y la representación política.
“Son temas medulares que tienen que ver con gobierno, propiedad de la tierra y el ejercicio de los sistemas normativos de los pueblos”, insistió con respecto a los puntos que reclama la CRAC-PC para que se incluyan en la Constitución local.
Declaró que son estos tres temas los que históricamente han venido generando tensión con el gobierno del estado y con el Congreso local, porque son la columna vertebral de la lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“Sin tierra, sin territorio, sin gobierno, sin sistemas normativos, ¿qué vamos a hacer en los pueblos indígenas y afromexicanos?, cuestionó.
El abogado reclamó que de nada sirve que se reconozca la pluriculturalidad, “si están deteniendo a nuestros policías”.
Informó que previamente pidieron al Congreso del estado que se hicieran mesas de trabajo para que se analizara la posibilidad de que estos temas que quedaron fuera de la reforma federal, fueran incorporados al armonizar la constitución local.
Pero que “ellos (los diputados) dijeron que si, pero ya llevan varias reuniones y nada más estuvieron ganando tiempo y hoy nos informaron que de parte del Ejecutivo estatal se va a presentar una iniciativa de armonización legislativa retomando el espirito tal cual viene en la ley federal y ya no hay posibilidades de incorporar estos tres temas medulares que quedaron fuera”.
Rosales Sierra recriminó que este gobierno de Morena le sigue debiendo a los pueblos indígenas y que el Congreso del estado no está a la altura, “sigue traicionando a los pueblos indígenas y aformexicanos pues no hay posibilidad de avanzar en los derechos que históricamente venimos pidiendo”.
Otro de los coordinadores insistió que son los pueblos los que van a decidir si se manifiestan derivado del descontento, “si nos manifestamos en adelante no es responsabilidad de nosotros, todo el tiempo acordamos que el proceso iba a ser de manera ordenada y disciplinada, pero nos traicionaron”, declaró en referencia a que no se incluyeron los puntos que proponían.
“Si los pueblos deciden manifestarse pedimos una disculpa al pueblo de Chilpancingo. Nosotros hicimos todo para que todo se hiciera mediante del dialogo, pero no nos quisieron hacer caso y ahora vamos a informar a nuestras comunidades y si deciden manifestarse lo vamos a hacer”.
El consejero Juan Orta también informó que se van a reunir con los asesores y los pueblos para decidir cuál será la ruta jurídica a seguir y en asambleas los pueblos adorarán la lucha política que van a seguir.