El coordinador de los alcaldes perredistas, Pablo Higuera, informó que al menos seis ediles de su partido han sido presionados por grupos del crimen organizado.
Este jueves por la mañana, el perredista asistió
Consultado al término de la ceremonia de destrucción de ar-mas en la 35 zona militar, Higue-ra Fuentes explicó que a un año del asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, su partido continúa exigiendo justicia a las autoridades.
“Hemos exigido que se esclarezca este asesinato, como muchos otros más, como los recientes”, subrayó.
Insistió que se le ha pedido al gobernador Héctor Astudillo Fque ayude a que la Fiscalía del estado cumpla con dar justicia a familiares de las víctimas y al PRD.
Se le preguntó si hay alcaldes amenazados por grupos del crimen organizado, y respondió que sí y que eso ocurre en Cutzamala, Tlapehuala, Tlalchapa, Teloloa-pan y San Miguel Totolapan.
“Tienen temor, tampoco han dejado el cargo o se han retirado del municipio, están ahí”.
Enfatizó que los alcaldes han sido amenazados mediante llamadas telefónicas, con las que pretenden extorsionarlos.
Dijo que ante estas amenazas han hablado con el gobernador para solicitarle mayor presencia del Ejército y de la Policía Federal en esa región
La alcaldesa de Cutzamala es Karime Benítez Flores; la de Tlapehuala es Anabel Balbuena Lara; de Tlalchapa, Amalia Mora Eguiluz, de Teloloapan Robell Urióstegui y de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta.

Mineras

Durante la consulta, el perredista habló sobre el amparo promovido por la minera Media Luna, para no cumplir con las aportaciones del Fondo Minero, bajo el argumento que la empresa a pagado impuestos y entregado suficientes apoyos al municipio.
Dijo que hace 20 días fueron notificados de ser los “terceros perjudicados”, por lo que el área jurídica del Ayuntamiento está investigando el contenido del amparo para dar una respuesta si es necesario.
“El día de ayer tuve la visita de la nueva empresa que venia a sustituir a la Gold Corp, quien no está en el amparo, es un amparo que se apega en la ley aprobada del fondo minero”, agregó.
Señaló que el amparo era para no pagar 30 millones de pesos al municipio a través del fondo minero.