El tablero electrónico que no funciona desde hace siete años y que costó 7.1 millones de pesos, generó una discusión entre los diputados del Morena, PVEM y PRI, quienes argumentaron faltas en el proceso legislativo e incluso descubrieron vacíos legales para dichos procedimientos.
La discusión inició luego de que el diputado del PVEM, Jhobanny Jiménez Mendoza, propuso un exhorto dirigido a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para investigar y en caso de hallar culpables, sancionar a quienes resulten responsables por la adquisición y fallas de los tableros electrónicos adquiridos en 2019 y que actualmente están inoperantes dentro del salón de plenos del Legislativo.
En tribuna, Jiménez Mendoza propuso en su exhorto la creación de una comisión especial, la cual investigue los pormenores e irregularidades en la adquisición de los dos tableros electrónicos y 46 tabletas en 2019, durante la administración del morenista Antonio Helguera al frente de la Jucopo.
En 2019 los tableros y tabletas electrónicas fueron presentadas como una novedad que ayudaría a eficientar los procesos legislativos durante las votaciones, los cuales de acuerdo con Jiménez Mendoza, no fueron cumplidos, lo que resultó en un gasto de 7.1 millones “que provenían de los ahorros generados de la política de austeridad republicana”.
La propuesta indica que en un lapso no mayor a 30 días, la Jucopo integre la comisión especial “para que investigue de manera exhaustiva la licitación, adquisición, instalación, fallas y el abandono del tablero electrónico”, adquiridos entre 2018 y 2019.
“Además del destino, estado físico y funcionamiento de las tabletas, el sistema electrónico y el software, así como la reactivación inmediata del sistema mediante una licitación pública para reparar o adquirir nuevas tabletas, contratar un software actualizado, actualizar infraestructura y capacitar al personal para que funcione de manera correcta en el siguiente periodo ordinario de sesiones”.
La propuesta del diputado también busca que los resultados de la investigación de la Comisión Especial sean dados a conocer públicamente y se le dé vista, tanto a la Auditoría Superior del Estado (ASE), como a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, “para los efectos que proceda”.
A la propuesta se sumaron los diputados Jesús Parra García del PRI; Leticia Mosso, del PT; Erika Lührs Cortés, de MC y María Irene Montiel Servín, del PAN.
La controversia surgió cuando el diputado priista y ex presidente de la Mesa Directiva, Jesús Parra García, solicitó el uso de la palabra para sumarse a la propuesta, aunque de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, durante la presentación de un punto de acuerdo no se permite el debate en el pleno.
Pese a ello, el priista insistió y al sumarse al exhorto expuso: “La transparencia y rendición de cuentas debe ser la columna vertebral de la democracia, y la ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó con la licitación, la adquisición y la instalación, así como con las fallas y el abandono de este sistema”.
La participación del priista enojó al morenista Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien reprochó al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, de violar la Ley Orgánica del Congreso porque para sumarse a un exhorto no pueden intervenir ni exponer sus motivos.
Sandoval Ballesteros aseguró que la intervención de Parra García, a pesar de no ser en tribuna, fue “un posicionamiento político que no va con el punto de acuerdo”.
La diputada de MC, Erika Lorena Lührs Cortés atajó que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local tiene las facultades para tomar decisiones durante el desarrollo de la sesión y que merecía respeto.
El diputado por Morena, Carlos Bello aseguró que Jesús Parra debió hacer llegar sus motivos por escrito y advirtió que de permitir ese tipo de acciones en próximas sesiones se generarán más debates en puntos de acuerdo.
El presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, reprochó al presidente de la Mesa Directiva que al darle la palabra al priista Jesús Parra, los que no están de acuerdo quedan en indefensión y le pidió dialogar al interior de la Jucopo para no acrecentar debates porque “Guerrero necesita un Congreso fuerte”.
Carabias Icaza aseguró que como presidente de la Mesa tiene la obligación de conducir la sesión y ser flexible para mantener el orden en el pleno, y mencionó que no hay prohibición ni autorización en la Ley Orgánica para que un diputado exponga sus razones al adherirse a una propuesta.
Ante ese vacío legal llamó a que el tema se pueda aclarar al interior de la Conferencia, órgano legislativo que incluye a la Mesa Directiva y a la Jucopo.
El polémico punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política y se dio vista al Comité de Administración del Congreso local para su análisis. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).