El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, informó que aunque el Congreso de la Unión rechazó lo fundamental de la Ley 3de3, en el ámbito local hay posibilidades de obligar al gobernador, diputados, alcaldes, ediles y funcionarios a hacer pública su declaración fiscal, de intereses y patrimonial.
En un comunicado, el diputado dijo que en la iniciativa de Ley An-ticorrupción que MC presentó el 19 de abril en el Congreso, se proponen estas obligaciones a servidores y representantes populares, y anunció que insistirá en su aprobación.
El pasado miércoles, el Senado aprobó la Ley General de Respon-sabilidades Administrativas, con modificaciones propuestas por el PRI y PVEM, que establecen que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses se harán públicas, siempre y cuando no se ponga en riesgo a los servidores públicos, es decir, serán opcionales.
En el Senado, los guerrerenses René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, del PRI, votaron en contra de la Ley 3de3, mientras que el perredista Armando Ríos Piter lo hizo a favor.
El viernes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley que envió el Senado, y entre los legisladores que la avalaron y que se opusieron a respetar la propuesta original, se encuentran los guerrerenses Julieta Fernández Márquez, Salomón Majul González, Verónica Muñoz Parra, Silvia Rivera Carbajal, Ricardo Taja Ramírez y Beatriz Vélez Núñez, todos del PRI, y Arturo Álvarez Angli, del PVEM.
Mejía Berdeja criticó la decisión de los senadores y diputados, pues aseguró que la ley aprobada no obedece a la exigencia de la sociedad, de imponer medidas que permitan combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y políticos “deshonestos”.
“El temor de los corruptos quedó evidenciado en las reformas de última hora, en donde se establecieron mecanismos que más que combatir la corrupción, son disuasivos para frenar el impulso de una democracia más participativa, las adecuaciones de la Ley 3de3, perecieran más una reprimenda para los empresarios y la ciudadanía que cobijaron la iniciativa”, criticó.
Ante la posibilidad de que en Guerrero “los detractores de la transparencia” argumenten que la Ley General de Responsabilidades no prevé el carácter obligatorio para la presentación de esas tres declaraciones, Mejía recordó que las leyes generales son una plataforma mínima, desde la cual las entidades puedan dar sus propias normas tomando en cuenta su realidad social.
“De ahí que sea jurídicamente viable retomar la legítima exigencia de la ciudadanía, para incorporarla la obligación de los Servidores Públicos de cumplir con el 3de3 en Guerrero, como una medida para frenar la corrupción que ha socavado las instituciones de la entidad”.