El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Iván Pachuca Domínguez, informó que para el juicio de revocación de mandato que mujeres de Mártir de Cuilapan (Apango) presentaron contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez, no se tomará en cuenta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que existía violencia política y de género en su contra.
Y afirmó que el juicio será resuelto lo más pronto posible para evitar conflictos entre los pobladores de la cabecera municipal.
En conferencia de prensa en su oficina, el diputado panista adelantó también que a pesar de que la juicio de revocación de mandato lo presentaron mujeres, no significa que no se pueda configurar la violencia política y de género, como lo sentenció con anterioridad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“De entrada vamos a hacer un tema jurídico que sea rápido para nosotros no entrar en conflictos y no conflictuar (causar conflictos) a las personas o pobladores de Mártir de Cuilapan. Aquí hay un grupo de mujeres que denuncia a la alcaldesa bajo varias causales,  no quiere decir que porque son mujeres no sea violencia política. Eso entre las mismas mujeres puede existir”, señaló.
El pasado 9 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso local fue notificada que ciudadanas de Mártir de Cuilapan, encabezadas por Edita Ivón Nava Sánchez que es hija del ex presidente Crisóforo Nava, señalado por la alcaldesa de ser el promotor del movimiento en su contra, presentaron un juicio de revocación de mandato en contra de Felícitas Muñiz Gómez, por actos de corrupción y desvió de recursos.
Pachuca Domínguez reiteró que este miércoles se realizará la primera sesión de la Comisión Instructora en la que darán entrada a solicitud de juicio de revocación de mandato de la alcaldesa, y partir de mañana, la parte acusadora tendrá tres días hábiles para presentarse a ratificar la denuncia.
En caso de las la denuncia sea ratificada, la comisión sesionará el próximo miércoles, y comenzará a “escuchar” a ambas partes a fin de elaborar un dictamen, pero adelantó que será un trámite ágil, pues la comisión no realizará acciones de contraloría, como ocurrió en la pasada solicitud de juicio político en la Comisión de Examen Previo.
“La Comisión Instructora no es la Auditoría, que va a tener que ir a verificar si se hicieron  o no se hicieron las obras, si se hicieron o no los actos que se están denunciando. Nosotros nos haremos llegar de las pruebas. Si necesitamos tener alguna información de la auditoría, ya sea de la estatal o federal, la solicitaremos a la brevedad posible, y entonces emitiremos un juicio después de escuchar a ambas partes”, puntualizó.