Zacarías Cervantes

Chichihualco

Representantes de más de 100 familias desplazadas por la violencia de seis comunidades del municipio de Leobardo Bravo (Chichihualco) y una de Zitlala, se reunieron ayer con la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary.
Los desplazados son los que salieron de sus comunidades en noviembre de 2018 tras la irrupción violenta de más de 3 mil policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), en el corredor de Filo de Caballos.
En declaraciones antes de la reunión, una de las desplazadas, Antonia Guevara Gómez, dijo que en la reunión con la relatora le pedirían su intervención para que el gobierno federal cumpla los compromisos que firmó con ellos, como su reubicación, las garantías de seguridad, reparación del daño o indemnización por sus propiedades perdidas, y su inclusión a los programas sociales.
Reconoció que a casi cuatro años de su desplazamiento sólo el gobierno federal los está apoyando con el pago de la renta de sus casas en Chichihualco y para la alimentación, pero aclaró que la ayuda la reciben sólo 80 de 130 familias, mientras tanto, del gobierno del estado no han recibido ningún apoyo, denunció.
Ayer las familias se concentraron en el auditorio donde se refugiaron desde los primeros días que llegaron a esta cabecera municipal tras su desplazamiento de sus comunidades, la mayoría eran mujeres y niños, éstos vestidos con sus uniformes escolares.
La relatora Jiménez-Damary llegó a esta cabecera municipal a las 12:30 del día custodiada por la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal en cuatro patrullas. Fue recibida por los desplazados con cadenas de cempasúchil e inmediatamente después comenzó la reunión a puerta cerrada, afuera elementos de la GN y policías estatales rodearon las instalaciones con sus armas en ristre.
Junto con la relatora llegaron el director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra.
Antes de la reunión, uno de los desplazados, que salió en noviembre del 2018 de Filo de Caballos reprochó que a casi cuatro años de su desplazamiento, siga sin definirse su situación
Declaró que ya en la actual administración federal les prometieron el regreso a sus comunidades, pero después les dijeron que sería reubicación, “pero de las dos cosas no nos han cumplido ninguna”, dijo.
Contó que también les prometieron garantías de seguridad mientras permanecieran refugiados en Chichihualco, mediante módulos de vigilancia que se instalarían en las tres entradas de Chichihualco; uno en la carretera rumbo a El Naranjo, otro en la de El Carrizal y el tercero en la carretera hacia Chilpancingo, “y hasta la vez, ya vamos para cuatro años, y no hay nada de eso”, se quejó.
Informó que los acuerdos fueron firmados durante el plantón que realizaron de octubre a diciembre del 2021 afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, con el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “pero hasta ahorita no han cumplido nada”, denunció.
Admitió que reciben apoyo para el pago de sus rentas y alimentación pero sólo 80 familias de un total de 130 que todavía se encuentran refugiadas en Chichihualco.
El desplazado informó que les dan 3 mil pesos para su renta y 3 mil para su alimentación cada mes.
“Pero de parte del gobierno del estado no hemos recibido nada, más que algunas despensas de vez en cuando y del municipio de plano nada”, reprochó.
La desplazada Antonia Guevara Gómez informó que la justificación de las autoridades federales y estatales es que solamente 80 familias tienen reconocida su calidad de víctimas y que el resto aún no tienen el reconocimiento como tal.
Agregó que les han dicho que van a reconocer su calidad de víctimas a las otras familias y a cumplir con el pliego petitorio que firmaron en el 2021 hasta que el Senado de la Republica apruebe la ley de desplazamiento forzado interno.
Guevara Gómez explicó que la mayoría de las familias desplazadas, a cuatro años de que salieron de sus pueblos, tienen el deseo de regresar a sus comunidades, pero que todavía no es posible porque no hay condiciones por la inseguridad; “el gobierno nunca cumplió con la seguridad que le pedimos”, denunció que todavía sigue el riesgo por la presencia del grupo civil armado que los desplazó.
Añadió que, además, algunas de las casas de los desplazados ya fueron derrumbadas por los civiles armados, en tanto que las de material las quemaron y otras, las más buenas, las están ocupando los delincuentes.
También dijo que sus tierras las están trabajando los delincuentes y que las huertas, por ejemplo de aguacate, las están cosechando.
Respecto a su reubicación, dijo que primero les plantearon que propusieran a dónde querían reubicarse y que la mayoría de las familias optaron por otros estados del país “para más seguridad”, pero que funcionarios de la Secretaría de Gobernación recientemente les respondieron que tiene que ser aquí mismo en Guerrero, pero Antonia reprochó que aquí no les garantizan seguridad.
Las familias que se reunieron ayer para recibir a la relatora, fueron desplazadas de Filo de Caballos, Polixtepec, Los Morros, Campo de Aviación, Izotepec, El Carrizal y Tlaltepanapa, del municipio Zitlala.
La reunión de la relatora y representantes de organismos de derechos humanos: Tlachinollan y el Centro Morelos, duró más de dos horas.
Al despedirse de la enviada de la ONU, le regalaron balones de futbol de los que se elaboran en Chichihualco con la inscripción: “Recuerdo de los desplazados de Chichihualco. Cecilia Jiménez-Damary, y artesanías de Guerrero, como botellas con mezcal.