Martín Equihua

Tlapa

Líderes indígenas guerrerenses coinciden en que la eventual llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que quizás podría presidir con los resultados hasta ayer, es “un parteaguas histórico” que abrirá un nuevo horizonte a los pueblos indígenas y afros.
Entrevistados vía telefónica por El Sur, los representantes, con distinto grado de liderazgo e influencia en comunidades, organizaciones y en el debate público sobre derechos indígenas, coinciden en la importancia de que al máximo órgano de justicia de la nación se incorpore, con toda su fuerza, la mirada del pluralismo jurídico que defiende Aguilar.
Agregaron que, entre los grandes pendientes que el máximo tribunal tendría con pueblos indígenas, resalta tanto la batalla legal contra empresas mineras, como el esclarecimiento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la apertura de los otros poderes a la representación real de indígenas, la recuperación de territorios históricos, entre muchos otros, a los que la Corte se mantuvo ciega y sorda durante décadas.
El futuro ministro y posible presidente de la SCJN es mixteco oaxaqueño, con maestría en derecho constitucional, que ha acumulado experiencia por más de tres décadas en defensa jurídica de múltiples causas, no sólo en su natal Oaxaca, sino con pueblos yaquis de Sonora, tarahumaras de Chihuahua, tepehuanos de Nayarit, entre otros.

Nueva oleada en favor de pueblos indígenas

Para Marcos Matías Alonso, último director del ya legendario Instituto Nacional Indigenista (INI), investigador, funcionario y promotor de los derechos indígenas en foros nacionales e internacionales, la llegada del mixteco a la SCJN empujará “una nueva oleada” a favor de un Estado plural, realmente incluyente e intercultural.
“Hugo es jurista”, dice el oriundo de Acatlán, “y se ha venido preparando durante los últimos 30 años para este momento”.
En Oaxaca abanderó, junto a un equipo, a más de 400 municipios que dejaron el sistema de elección de autoridades por partidos, para elegirse por usos y costumbres, y con el mismo éxito jurídico, ha representado a indígenas de Chihuahua, Sonora, Durango y Nayarit, señala Matías Alonso.
Con él avanzará la pluralidad jurídica, es decir, la idea de un Estado no monolítico, sino otro, que reconozca la riqueza de su diversidad. “Ese ha sido el principal capital social de Hugo, un capital silencioso, durante décadas, que hoy se ve reflejado en las urnas”, dice el también investigador.
Por su parte, Celerino Tlacotempa Zapoteco, originario de Zitlala y promotor de organización de productores mezcaleros, señala que la llegada de Aguilar es la oportunidad de “pasar de las palabras a los hechos”, pues hay muchos pendientes para cambiar la realidad de marginación en que viven cientos de comunidades.
Resaltó: “Por ejemplo, ahora es el Año de la Mujer Indígena, pero el INPI lo dirige un hombre”, por lo que cree que se requiere mayor congruencia, porque los pueblos indígenas ya no están para el viejo pan y circo.
Dice que “todos los indígenas que votamos, votamos por él, aunque seamos de partidos de oposición”, pues se ve que con él se podrá avanzar en saldar la deuda histórica con pueblos rezagados en muchos renglones.
Para el ex presidente de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Néstor, la llegada del “hermano Hugo” a la SCJN, representa “la garantía de que la voz indígena y afromexicana se escuchará en la más alta tribuna judicial” y se trata de “un verdadero parteaguas”, porque además, él fue elemento clave en el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos en cuestión.
Dice el líder amuzgo que en realidad se trata de “un tiempo estelar”, porque se avanzará hacia el pluralismo jurídico, que “deberá materializarse, aplicarse y no quedarse en el discurso”.
Dice el ex alcalde, que Hugo Aguilar será importante para abrir un escenario real de justicia, pues llega “con la legitimidad incuestionable de quienes durante décadas han luchado en un movimiento social, que forjó los conceptos de autonomía, libre determinación y otros, que nuestro ministro deberá hacer valer”.
También para el ex diputado federal Car-los de Jesús Alejandro, la llegada del “her-mano Hugo” a la SCJN, “es un parteaguas histórico”, que obligará al Estado mexicano a hacer valer realmente los viejos reclamos.
“Sin tener un padrino político, a Hugo lo apoyaron los pueblos”, señala, por lo que deberá cumplir esa expectativa y terminar con la idea de que la justicia siempre es para los más poderosos.

Los pendientes y la esperanza

Interrogado sobre los que debería atender un nuevo Poder Judicial, De Jesús recuerda que la última reforma al artículo segundo constitucional dejó algunos derechos pendientes de reconocimiento, “para hacer efectivo en todos los niveles, el derecho de libre determinación y autonomía”, así como el de garantizar “posesión, control y usufructo de tierras, territorios y recursos naturales”, además del derecho de representación política indígena y afromexicana, “para que se haga efectiva y no sólo declarativa”.
Recuerda que la SCJN emitió un protocolo para juzgadores en asuntos indígenas, pero que “no llegó a trascender en todo el Poder Judicial”, por lo que es pertinente que “el hermano Hugo” lo haga valer, pues en él se indica que se debe aplicar tanto el marco jurídico nacional, como el derivado de tratados internacionales, y ha sido monumentalmente ignorado.
Durante sus recorridos en busca del voto, como el realizado el 12 de mayo en Acapulco, Aguilar Ortiz se comprometía a “una ver-dadera justicia pluricultural, humanista, ambiental, de igualdad sustantiva y cercana al pueblo”, y recordaba a sus audiencias que, de llegar a la Corte, tendría siempre en cuenta que era un cargo y que lo viviría como en su pueblo, “como un servicio”.
Al respecto, la lideresa amuzga y presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco, Magdalena Valtierra García, considera que la llegada de Aguilar Ortiz podría sacudir el problema de los presos indígenas que permanecen en cárceles del país, por falta de traductores y procesos sin garantías a su especificidad indígena, como lo establece la ley. Y cree, además, que debe “servir para mucho”, en la lucha contra la discriminación que sigue muy viva en Acapulco y otras partes de México.
Otro de los pendientes, para Tlacotempa, es el de los 43 de Ayotzinapa. “Se necesita una verdadera justicia y no el puro manoseo político, de revancha, de uno y otro lado”, pues conviene no olvidar el origen indígena y de pobreza de los estudiantes desaparecidos.
Celerino Tlacotempa espera, también, que la llegada del nuevo ministro permita que se quiten trampas a la ley para asegurar una verdadera representación indígena, ya que ahora, “aunque la ley obliga a ciertas cuotas, siempre a indígenas, jóvenes, mujeres, minorías, etcétera, se les deja en la cola de las listas plurinominales, para que en el poder permanezcan los mismos de siempre”, lamenta.
Marcos Matías, cree que el de la minería es un tema toral. “Hugo tiene que convertirse en guardián de la justicia, para ponerle un alto a las empresas mineras que generan gran destrucción y despojo”, señala y agrega la necesidad de una rotunda protección de tierras y territorios y la apertura de la representación política de los indígenas en los otros poderes.
Recuerda que “Hugo fue pilar para el proceso de reforma”, pero falta que en entidades como Guerrero se haga la armonización legislativa, así como darle celeridad al proyecto de Ley Federal de Derechos Indígenas que el propio Aguilar Ortiz ha venido liderando.