Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las comisiones unidas de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública se instalaron en sesión permanente para dar respuesta a los más de 40 municipios que han solicitado préstamos, ampliaciones presupuestales o permisos para la contratación de empréstitos para el pago de laudos; también para poder responder al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) del Estado que el Congreso local no tiene facultades para cumplir con los laudos condenatorios y declarar improcedentes todas las peticiones.
El año pasado, la Comisión de Hacienda del Congreso local llamó a los alcaldes para asesorarlos sobre la integración de sus leyes de ingresos y egresos, en las que les sugirieron prever partidas presupuestales para el pago de laudos laborales, porque el Poder Legislativo no aprobaría partidas especiales, préstamos o autorizaciones para pedir empréstitos con esta finalidad.
En declaraciones después de la reunión, la integrante de la Comisión de Hacienda, la priista Alicia Zamora Villalva explicó los ayuntamientos recurren al Congreso local a través de solicitud de ampliación presupuestal o de préstamos para pagar laudos laborales, y que de acuerdo a la explicación que les han dado los asesores es que se trata de una estrategia de los alcaldes para “evadir el proceso de la ejecutoria de los laudos laborales y los requerimientos de los tribunales”.
Al Congreso local han llegado oficios de la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Miriam Cortes Cisneros, ha informado al Poder Legislativo sobre autos, acuerdos y laudos de diversos municipios; por su parte los alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros o secretarios generales o todos en su conjunto han pedido al Legislativo ampliaciones presupuestales o préstamos para poder cubrir estos.
Zamora Villalva explicó que hay casos que los laudos laborales ya están en la etapa ejecutoria, y el TCyA espera que el Legislativo apruebe estas ampliaciones o préstamos, pero “la ley de deuda pública señala con puntualidad que no se pueden autorizar préstamos si estos no son para proyectos de carácter productivo”.
La diputada priista precisó que “no se pueden autorizar préstamos para el pago de laudos laborales”, y que son más de 40 municipios los que han recurrido al Poder Legislativo para este tipo de solicitudes, de los cuales no quiso dar detalles respecto a los nombres y montos.
También que los alcaldes están solicitando que el Congreso establezca las bases para pedir prestamos, y que así lo harán, también responderán que no se les puede autorizar estas ampliaciones presupuestales y préstamos.
Zamora Villalva comentó que hay tiempos fatales para el Congreso local que está representado por la presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo, y que tienen que responder antes del 10 de junio porque si no será acreedora a una multa que establecerá “el juez de distrito o del tribunal laboral”.
En este dictamen también se incluirán los montos máximos que se tienen para acceder a préstamos, y que estos deben de ser para inversión publica productiva.
Y consideró que estos laudos son por la irresponsabilidad de los alcaldes “que se desatienden de las deudas de carácter institucional, lo que hacen por asesoramiento de sus abogados son prácticas dilatorias para que la deuda recaiga en la próxima administración”.

Los montos

Fuentes del Poder Legislativo comentaron que hay municipios como Ajuchitlán del Progreso quien ha pedido que se le autorice un endeudamiento y ampliación presupuestal por 130 millones 250 mil pesos, Taxco que ha pedido una partida presupuestal extraordinaria por 110 millones de pesos.
Otros como Teloloapan por 55 millones 406 mil pesos Juan R. Escudero por 23 millones 417 mil pesos, San Marcos que ha enviado unos ocho oficios al Congreso pidiendo ampliación presupuestal por 9 millones 400 mil pesos, Ometepec por 12 millones 6 mil pesos, Chilpancingo por 5 millones 213 mil pesos, Coyuca de Benítez por 3 millones 153 mil pesos.