Ramón Gracida Gómez

El Charco, Ñuu Savi

Durante el acto conmemorativo por el 28 aniversario de la masacre de El Charco se dijo que se ha avanzado “muy poco” en la demanda de desarrollo regional por el que los indígenas se estaban organizando cuando fueron asesinados por el Ejército el 7 de junio de 1998, y se exigió la reparación integral de daños que incluya desmontar “las estructuras que hicieron posible la masacre”.
El obispo emérito de Saltillo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera López, ofició ayer en la comunidad una misa en honor a los 11 asesinados, y el alcalde del municipio Ñuu Savi, Donaciano Morales Porfirio, pidió tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hablar de la masacre y de las necesidades que prevalecen en el municipio.
La incesante lluvia de este domingo en la mañana entorpeció la conmemoración en la comunidad porque los asistentes no pudieron marchar como cada año se hace y la culminación se precipitó para evitar estancamientos en la de por sí maltrecha carretera hacia la cabecera municipal de Ayutla.
El atraso de esta comunidad se pudo constatar en la falta de transporte público por la que las personas tienen que caminar hasta dos horas para llegar a Ayutla, comentó un joven músico que pidió un aventón.
También se pudo ver en las caminatas cuesta arriba de adultos mayores, una de ellas cargaba con la frente una de dos bolsas pesadas para llegar a Coxcatlán Candelaria, antes de llegar a El Charco; en la tarde, por lo menos dos automóviles se quedaron estancados por el lodo, sólo algunas camionetas lograron sortear el paso, varios niños miraban desde la orilla del camino junto con sus jóvenes mamás.
La conmemoración comenzó a las 10 de la mañana en punto con la misa del obispo Raúl Vera en la cancha techada frente a la primaria Caritino Maldonado Pérez, en su breve referencia a la masacre nombró a los 11 hombres asesinados por militares, entre ellos el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo Zavala Tapia.
También los indígenas Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Ce-ferino Damián Marco, Fidencio Morales Castro, José Rivera Mo-rales, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Manuel Francisco Prisciliano y Apolonio Jiménez García.
Raúl Vera recordó que lleva varios años oficiando las misas en la comunidad, antes del municipio de Ayutla, y pidió justicia “para los campesinos y los trabajadores y los maestros…y también por los que siguen sufriendo las injusticias aquí en la piel”.
Frente a unos 80 asistentes, varias de ellas mujeres na savi con sus vestidos típicos, también pidió que en México “haya más justicia, más amor, haya oportunidades para todas y todos sin excepción, es-pecialmente para los más pobres, los que menos oportunidades tienen”.
El alcalde Morales Porfirio expuso que en 1998 los campesinos se estaban organizando para pedir la autonomía de las comunidades indígenas, “querían que el pueblo determine su propio gobierno, entonces querían un programa de desarrollo regional para nuestros pueblos originarios ñuu savi”.
Consideró que esta demanda y el Ayuntamiento que encabeza desde 2024 por usos, ha tenido “poca atención”, por lo que pidió a las autoridades, en particular a la senadora Beatriz Mojica Morga, presente en el acto, retomar esas peticiones y “abrir espacio para las autoridades y acordar qué es lo que queremos y cómo lo queremos porque muy poca atención ha habido para nuestro municipio”.
Mojica Morga, aspirante a candidata de Morena a la gubernatura, reconoció en su participación la “gran deuda” con El Charco y puso de ejemplo las malas condiciones de la carretera de esta localidad, a la que se llega en una desviación intermedia del camino entre Ayutla y Cruz Grande.
La secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Im-punidad, María Magdalena López Paulino, leyó un pronunciamiento en el que subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) estableció que “las masacres perpetradas por agentes del Estado son crímenes que no prescriben porque no son incidentes son políticas”.
“Son sistemas, son decisiones tomadas del poder para destruir comunidades que se atrevieron a organizar, a imaginar otro mundo posible, a exigir dignidad; la impunidad no es un olvido espontáneo, es una elección activa y donde hay una elección hay una responsabilidad”.
La organización que representa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los sobrevivientes Éricka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, además de la familia de la víctima Ricardo Zavala Tapia, dijo que cada caso que llega a este órgano internacional “es una grieta en el muro de impunidad”.
López Paulino señaló que hace falta la reparación integral por la masacre, la cual no sólo consiste en dinero y en una disculpa pública, sino en saber la verdad, “que el Estado mexicano diga exactamente qué pasó, quién ordenó, quién disparó, quién firmó”.
Asimismo, las garantías de no repetición; el desmontaje “de las estructuras que hicieron posible la masacre”; la memoria; la presencia de El Charco en los libros de texto, en museos y espacios públicos “porque una sociedad que no conoce sus crímenes está condenada a repetirlos”.
“Aún estamos lejos de esa reparación, pero hoy, al estar aquí, al pronunciar estos nombres, a negarnos a que el tiempo haga el trabajo sucio del olvido, estamos construyendo esta reparación con nuestros propios cuerpos y con nuestras propias voces”.
Efrén Cortés Chávez dijo que el sistema capitalista no quiere que haya memoria, pidió la unidad de la lucha social y retomó la demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de abrogar la ley del ISSSTE, como también se planteó en una gran manta colocada en la primaria de la masacre.
Ericka Zamora Pardo dijo que las formas de lucha han cambiado, pero no la realidad de la región, que recibe menos presupuesto público; reivindicó la presencia del sobreviviente Pedro y recordó que los perpetradores directos son los generales retirados José Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal.
Otros oradores fueron Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, cuyo rostro plasmado en una de las paredes de la primaria convive con rastros de las balas de la masacre, planteó castigar a los gobiernos que no les han dado justicia; y la activista Diana Hernández, hija del asesinado luchador social Ranferi Hernández, pidió seguir luchando por las nuevas generaciones.
En nombre del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, quien no acudió al acto por participar en la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil, funcionarios anunciaron la extensión de la preparatoria 44 de Ayutla a la cabecera municipal de Ñuu Savi, Coapinola.