Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 16 años del asesinato del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas por militares, cerca de Huamuxtitlán en la región de la Montaña, el caso permanece en la impunidad, denunció ayer el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Rubio Villegas era originario de la comunidad nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, fue asesinado el 20 de junio del 2009 al interior de un autobús de pasajeros cuando se iba de su pueblo como migrante a Estados Unidos.
“Todo lo que quería era darles una mejor vida a sus padres, pero se quedó con la esperanza en los asientos de atrás del autobús con su sudadera salpicada de sangre”, publicó ayer en su página de Facebook el organismo que dio seguimiento al caso.
El indígena fue asesinado por militares del 93 Batallón de Infantería de Tlapa quienes dispararon contra el autobús después de revisar a los pasajeros en un retén cerca del pueblo de Huamuxtitlán. Los militares abrieron fuego contra el autobús con el argumento de que el chofer arrancó de manera intempestiva.
A 16 años del homicidio, Tlachinollan denunció que los soldados del Ejército mexicano que dispararon en contra del autobús no han sido castigados y que desde el 2009 los familiares de Bonfilio han luchado por la justicia, “pero se les ha negado”.
Poco antes de las 11 de la noche del 20 de junio de 2009, Bonfilio salió de Tlapa en el autobús, pero la unidad se detuvo en la entrada de Huamuxtitlán donde había un retén, y los militares ordenaron al chofer que bajara a los pasajeros y procedieron a revisarlos, además, registraron sus pertenencias que dejaron en el porta bultos.
Después de la revisión los soldados separaron a uno de los pasajeros, Fausto Saavedra, porque traía botas tipo militar y le dijeron al chofer que el joven se quedaría para ser investigado, pero el conductor les dijo que sólo seguiría su marcha si los militares se responsabilizaban de su detención y firmaban el registro de los pasajeros, lo que generó un altercado, pero al final dejaron ir al presunto “sospechoso”.
Molesto por la actitud de los militares, el chofer arrancó pisando fuerte el acelerador y los militares dispararon al autobús.
Una de las balas atravesó la carrocería y el asiento 45 donde viajaba Rubio Villegas y se incrustó en su cuello, lo que le arrebató la vida.
Luego de una breve persecución, el chofer se detuvo y nuevamente bajó a los pasajeros, los militares en vez de auxiliar a Bonfilio, “sembraron cinco paquetes de mariguana para justificar su fechoría” y detuvieron al conductor Francisco Pizano, así como al joven Fausto Saavedra, según documentó después Tlachinollan.
Con el apoyo del organismo, los familiares del indígena exigieron que la investigación se realizara en el fuero civil, pues sin su conocimiento la entonces Procuraduría de Justicia del Estado declinó para que el caso fuera investigado por la Procuraduría de Justicia Militar.
Los familiares de Bonfilio impugnaron la declinación de competencia y el 2 de diciembre de 2011 se concedió la protección de la Justicia Federal a José, el hermano de Bonfilio y su familia, “por la ilegal extensión del fuero militar” y se determinó que el juez castrense enviara el expediente al fuero civil federal.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en representación del presidente de la República impugnó la sentencia, pero José Rubio solicitó que el expediente fuera remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el 21 de agosto de 2012 con la ponencia presentada por la ministra Olga Sánchez, 8 miembros de la SCJN resolvieron el amparo en revisión, ordenando que la causa penal fuera remitida al fuero civil federal.
Entonces Tlachinollan celebró que por primera vez los ministros y ministras hayan declarado la inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar, y las víctimas podían coadyuvar con instancias de justicia.
Sin embargo, a 16 años de los hechos, el asesinato del indígena sigue impune, pues según el organismo, “a pesar de esta lucha histórica, la línea de investigación impulsada por el fuero militar se mantuvo intacta y las autoridades civiles se plegaron a este poder impune, otorgando libertad al único militar procesado”.
Derivado de ello el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2 de enero del 2017 en donde sigue sin resolverse.