Alejandro Guerrero

Iguala

El maestro normalista de Ayotzinapa, Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, falleció el martes de la semana pasada en un hospital privado de Toluca, Estado de México, en el abandono y falta de atención psicológica y psiquiátrica de las autoridades federales.
El deceso, lo dio a conocer el colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, conformado por 23 egresados de la normal Raúl Isidro Burgos, entre los que se encuentra el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano.
Mediante el oficio CNSCA/2025/004 fechado el 12 de mayo, denuncian el abandono por parte de las autoridades federales, quienes le habrían negado a Maldonado Hernández el apoyo psicológico y psiquiátrico mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Jonathan Maldonado, fue uno de los cerca de 20 estudiantes que resultó herido durante esos ataques perpetrados hace más de una década por sicarios de Guerreros Unidos y agentes policiacos. Perdió varios dedos de la mano derecha a causa de un balazo que recibió.
El colectivo, denuncia que a pesar de haber colaborado en las investigaciones del caso, Jonathan Maldonado “murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso, sumido en la desesperanza luchando contra la depresión y ansiedad durante muchos años, con el estigma de haber sobrevivido al ataque y con la marca del cinismo gubernamental en una de sus manos, quienes pregonan apoyar en público, pero en la realidad sólo hay abandono, revictimización e ignorancia de las autoridades”.
En el oficio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación y familiares, denuncian que “a Jonathan Maldonado le fue negado el apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 2014, nunca obtuvo ayuda médica ni la rehabilitación adecuada tras la pérdida de los dedos de su mano”.
Aunque no se dan detalles de la causa de su muerte y no se logró contactar a miembros de este colectivo, en el comunicado se indican que durante sus últimos días de vida Jonathan se encontraba internado en un hospital particular “pues la ayuda en instituciones de salud pública fue inexistente”.
Asimismo, denunciaron que, tras su muerte ocurrida el 6 de mayo, el gobierno de México se comprometió a apoyar con los gastos funerarios, “cosa que, hasta la redacción de este documento, no ha ocurrido”.
De acuerdo con esta información, Maldonado Hernández colaboró en las investigaciones del caso realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como consta en las carpetas de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/00020/2020 y FED/SDHPDSH/OI-GRO/00021/2020.
Así como los trabajos documentales realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se materializó en seis informes entregados al gobierno de México en el período de 2015 a 2023.
También colaboró en los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), en el periodo de Alejandro Encinas Rodríguez como subsecretario de Gobernación, lo que ayudó en la detención de policías municipales, estatales y federales, así como efectivos del Ejército, y miembros del crimen organizado.
Justifican que el comunicado se elaboró una semana después de su deceso fue por el “respeto” que en vida le tuvieron, a su coraje y tenacidad frente a la adversidad, y como una señal de admiración y buena voluntad para con su familia. “A pesar de haber sobrevivido aquella fatídica noche, en realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones”, reclamaron.
El documento es firmado por el encargado de prensa y propaganda del colectivo, Eduardo Maganda, del que se envió copia al subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, a la comisionada de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, a la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez Estrada y al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.