La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó garantías al estado y la federación para mantener la paz y la seguridad en La Concepción y comunidades aledañas en la zona rural de Acapulco, después de dos enfrentamientos el domingo de civiles y la Policía Estatal, contra la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).
Pidió que todas las diligencias de los detenidos –entre ellos el dirigente del movimiento social y ex preso político, Marco Antonio Suástegui, y su hermano, Vicente–, sean con estricto apego a derecho, respeto a los derechos humanos y al debido proceso, y que se brinde atención médica al fotógrafo, Bernardino Hernández Hernández, golpeado por policías durante la operación para desarmar a los comunitarios.
Asimismo, solicitó garantizar la integridad y el ejercicio de la labor periodística de reporteros y fotógrafos durante las coberturas, pues varios denunciaron agresiones y que fueron encañonados por policías.
En un boletín, el organismo indica que solicitó medidas cautelares a la Fiscalía General del estado de Guerrero, al secretario general de Gobierno y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, con copia al gobernador, Héctor Astudillo Flores, “para evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación que se puedan originar en la zona”.
La operación policiaca provocó la muerte de 11 personas, varios heridos, entre ellos un fotógrafo de La Jornada, y la detención de 38 policías comunitarios de La Concepción, dentro de los Bienes comunales de Cacahuatepec, en Acapulco rural, el domingo en la madrugada y durante la mañana.
La Comisión indica que tuvo conocimiento de la presencia de policías estatales, federales y soldados del Ejército en la comunidad, en una operación “para controlar la situación, lo que ha generado la detención de diversas personas”.
Aclaró que, “sin prejuzgar sobre la veracidad de estos hechos” documentados por los medios de comunicación, solicitó al fiscal, Javier Olea Peláez, que dicte instrucciones inmediatas para que las diligencias que se practiquen en La Concepción sean con estricto apego a derecho y respeto a los derechos humanos, y en el ámbito de su competencia, “se observe el debido proceso respecto de las personas detenidas con motivo de estos hechos”.
Además, pide que se implementen las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la paz de los pobladores de La Concepción y comunidades aledañas, en el municipio de Acapulco, Guerrero, en coordinación con las autoridades federales, y que se a tiendan al fotógrafo que resultó herido, así como a cualquier representante de los medios de comunicación que hubiere resultado agraviado, se garantice la integridad y el ejercicio de la labor periodística de los representantes de los medios de comunicación, y que se hagan las diligencias para que les sea devueltas dos memorias de computadora que les fueron decomisadas.
De acuerdo con versiones obtenidas el día de los hechos, en el primer ataque, a las 3 de la madrugada, seis civiles armados y dos policías comunitarios murieron en un enfrentamiento a balazos, ocho horas después, policías estatales que llegaron con federales y soldados, abatieron a tres policías comunitarios, durante una operación de desarme en respuesta a una llamada de auxilio que denunció los primeros asesinatos.

Fue una acción perversa y desproporcionada, acusa Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera condenó el uso de la fuerza letal de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo de desarme de la Policía Comunitaria de La Concepción.
En declaraciones afuera del penal de Las Cruces, dijo que la acción que dejó tres policías comunitarios muertos, fue una acción perversa y desproporcionada de la policía del estado, la ministerial, y consideró que la forma en cómo se implementó el operativo fue para detener al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y a su hermano, y desmantelar a la policía comunitaria.
“Su objetivo central, más allá de los hechos que sucedieron por la mañana, y la manera en que se fueron dando la presencia de los policías estatal, ministerial, el helicóptero, la federal, fue básicamente como una escalada de violencia institucionalizada para someter; lo que más nos desconcierta es que (para) el sometimiento y el control, que ya lo tenían, hayan usado la fuerza letal”.
Esto a pesar de que era un número reducido de policías comunitarios, en comparación con los policías que habían llegado, usaron las armas, no solamente con el fin de someterlos, sino de asesinarlos, de ejecutarlos”, lo que consideró grave, porque hay una acción de la policía del estado fuera de toda norma.
Dijo que la acción de los estatales demuestra que se siguen utilizando prácticas añejas de trato degradantes y de la fuerza letal, con los asesinatos de tres policías comunitarios que ya estaban controlados.
El director del centro recriminó que los dirigentes sociales estén siendo encarcelados cuando han derramado su sangre por garantizar la seguridad de sus comunidades ante la desatención de las autoridades.

Hace labor de acompañamiento la Codehum, informa

Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) informó que hace labores de acompañamiento en la cárcel de Las Cruces, de Acapulco, donde están detenidos los policías comunitarios de La Concecpión, y que su primera visitadora general, Violeta Parra Reynada, se entrevistó con los reporteros, “presuntamente agredidos” por policías durante la cobertura.
Abundó que al reportero que necesitó atención médica, Bernardino Hernández, le brindó acompañamiento permanente durante su revisión, y que se mantendrá atenta a la evolución de su estado de salud, que se reporta fuera de peligro.
Expuso que estuvo pendiente de las diligencias levantadas por los primeros cinco periodistas que rindieron su declaración ministerial ante la Fiscalía Regional de Acapulco, y que ante ello la institución estatal manifiesta su disposición de seguir acompañando a los comunicadores durante todo el proceso.