José Miguel Sánchez Chilpancingo La Fiscalía General del Estado, a través de la ministerio público, Azucena Sánchez Gutiérrez, solicitó una declaratoria de procedencia ante el Congreso del estado para desaforar a una persona que goza de inmunidad constitucional (Fuero) para que enfrente un proceso judicial en su contra. A través de un documento turnado a … Continúa leyendo Solicita la FGE al Congreso el desafuero de un funcionario cuyo nombre no se conoce
Abril 02, 2025
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
La Fiscalía General del Estado, a través de la ministerio público, Azucena Sánchez Gutiérrez, solicitó una declaratoria de procedencia ante el Congreso del estado para desaforar a una persona que goza de inmunidad constitucional (Fuero) para que enfrente un proceso judicial en su contra.
A través de un documento turnado a la Mesa Directiva, se dio a conocer la solicitud de la FGE, sin embargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se decidió llevar dicho procedimiento en secrecía, por lo que se desconoce quién es el funcionario implicado.
En la sesión de este martes se informó al pleno la solicitud de declaratoria de procedencia que realizó la Fiscalía General del Estado, la cual fue turnada a la Comisión Instructora. Sin embargo, la notificación se realizó en total hermetismo, ya que el oficio no incluye el nombre del funcionarios ni por qué se le investiga.
En conferencia de prensa en el recibidor del Salón de sesiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, informó que todos los diputados acordaron llevar el procedimiento en secrecía, por las implicaciones jurídicas del caso.
“Es un tema donde se ha acordado una secrecía por la responsabilidad que conlleva y, en ese sentido, la Junta de Coordinación Política determinó resguardar esta información ya que es un tema que tiene que atenderse puntualmente… por el tema de secrecía tenemos que reservarlo así”.
La solicitud de procedencia es un mecanismo legal al que pueden recurrir particulares y la Fiscalía General del Estado a efectos de que se proceda acción penal en contra de un servidor público que goza de inmunidad constitucional, es decir, fuero. La Comisión Instructora del Congreso tendrá 60 días para emitir un dictamen una vez turnado el caso.
