José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Con críticas por la suspensión de clases por la violencia, deserción escolar, y protestas por falta de atención a demandas del magisterio, compareció la tarde noche del viernes, ante el pleno del Congreso local, el secretaria de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.
La comparecencia de Rodríguez Saldaña inició a las 6:40 de la tarde, con dos horas de retraso. Estaba programada a las 4 de la tarde, pero se demoró porque desde las 10 de la mañana se pospusieron un par de horas las sesiones de comparecencia porque antes los diputados en sesión aprobaron la reforma que plantea la desaparición de órganos autónomos federales.
Al iniciar la sesión de comparecencia, Rodríguez Saldaña presentó la síntesis de su informe, en la que destacó que el 98 por ciento de las escuelas en la entidad tiene clases presenciales, el 1.6 en línea y el 0.4 por ciento no tienen.
Rodríguez Saldaña informó que la SEG atiende a 1 millón 102 mil 909 alumnos en 14 mil 099 escuelas, atendidas por 68 mil 720 docentes.
En el rubro de educación inicial se destinaron 31 millones 264 mil pesos, lo que representa un incremento presupuestal del 1.7 por ciento y de acuerdo con el titular de la SEG, está inversión benefició a 4 mil 454 niñas y niños.
En el apartado de afectaciones por el huracán John, Rodríguez Saldaña informó que se realizaron mil 224 censos de infraestructura física educativa, de los cuales 445 resultaron con afectaciones mayores.
También mencionó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), atendió por medio de Apoyos Parciales Inmediatos (API) a 153 planteles con una inversión de 68.24 millones de pesos.

“Se pone por delante seguridad de estudiantes y docentes”

Ya en la ronda de preguntas, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, preguntó al secretario cómo garantiza el derecho a la educación de los niños que son desplazados por la violencia, y citó como ejemplos los municipios de Teloloapan, Chichihualco y Cuajinicuilapa, donde los hechos de violencia dejaron como consecuencia suspensión de clases.
“Junto con la estructura de la Secretaría hemos estado en Chichihualco dialogando con padres de familia. Cuando pasa esto (hechos de violencia), tenemos un protocolo para que de inmediato se regrese a clases de manera virtual. Esto también se ha dado en otros municipios como Teloloapan. Tendremos ya el regreso a clases del cien por ciento”, respondió Rodríguez Saldaña.
Agregó como dependencia siempre pondrán por delante la integridad y seguridad de los estudiantes y los docentes, por lo que ya hay protocolos para que las clases puedan ser virtuales.
Para el caso de Cuajinicuilapa, aseguró que se reunió con el alcalde para preparar el regreso a clases el próximo lunes, al igual que con el de Copala, municipio que desde el impacto del huracán John no han logrado tener clases de manera presencial.
Informó que el 0.4% de escuelas no ha regresado a clases presenciales, debido aún a problemas relacionados con el desastre causado por los huracanes Otis y John.
Puso como ejemplo el caso del municipio de Copala, donde hubo diversos daños en infraestructura educativa, pero confío en que el lunes esas escuelas estén funcionando.
Habló de manera general sobre el municipio de Leonardo Bravo, donde no dio a conocer la situación que se vive por temas de violencia.
Solo expuso que se dialoga con los maestros para que el retorno a clases sea seguro, pues lo que se busca es salvaguardar la integridad de los alumnos y docentes.

La demanda del SNTE, competencia federal

Ante las protestas de los integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) que llevan una semana de protestas en Chilpancingo en demanda de un bono, Rodríguez Saldaña aseguró que eso es competencia del gobierno federal.
“Los docentes de educación especial del SNTE demandan el pago de un bono que compete al gobierno federal no al estatal”, dijo el titular de la SEG sobre los los bloqueos por cinco días consecutivos la avenida Vicente Guerrero en Chilpancingo, ante la pregunta de las múltiples protestas del magisterio.
Al responder, dijo que además del bono que solicitan también demandan cambios de adscripción, lo que no es posible porque la convocatoria ya cerró y no pueden violar los procesos.
Sobre el pago de bono, explicó que cada año el SNTE a nivel nacional establece acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde se establece un bono; sin embargo en esta año no se acordó que se pagaría.
“Desafortunadamente al registrar lo del bono no se estableció de manera precisa que se pagaría en este año fiscal, sin embargo hemos atendido y su servidor ya solicitó al secretario de la SEP (Mario Delgado Carrillo) que se atienda esta demanda que corresponde al gobierno federal no al estatal. Esperamos que se lleve una mesa de diálogo y se de una respuesta”.
Al iniciar la comparecencia de Rodríguez Saldaña, un grupo de egresados normalistas protestaron afuera del Congreso del Estado para exigir ser atendidos.
La protesta duró una media hora, y después de que nadie los recibió se retiraron.
A pregunta de la priista Pilar Vadillo Ruiz sobre las protestas, Rodríguez Saldaña se refirió a la de los egresados y dijo que ellos deben de participar en una convocatoria para el otorgamiento de plazas y respetar la prelación de asignación, además de que el otorgamiento de plazas ya venció, por lo que tienen que esperar una nueva emisión de convocatoria el próximo año.
El funcionario no entró a detalles sobre otras manifestaciones que se realizan en la entidad, y únicamente refirió que todas las demandas se estaban atendiendo.

Requiere SEG de 800 mdp para construir oficinas propias

A pregunta de la perredista María de Jesús Galeana Radilla, sobre la falta de un edificio propio para la SEG, Rodríguez Saldaña informó que se presentó proyecto a la Federación para que finalmente la dependencia pueda contar con unas instalaciones propias.
Informó que para dicha obra se requieren alrededor de 800 millones de pesos y que ya había sido presentada al gobierno federal el proyecto, dado que por los costos y el tamaño, el gobierno estatal estaría imposibilitado de financiarlo.
Rodríguez Saldaña señaló que actualmente, la dependencia tiene que erogar 30 millones de pesos anuales en la renta de inmuebles y los trabajadores necesitan oficinas dignas: “sin duda, al contar con un inmueble propio, la dependencia tendría ahorros”.