José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En lo que va de la actual 64 legislatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio revés a 19 reformas aprobadas por los diputados del Congreso local.
La semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) realizó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por una reforma electoral que aprobó el mes pasado el Legislativo local, para que los partidos postulen a candidatas mujeres en 20 municipios donde nunca ha gobernado alguna mujer.
Aunque dicha acción aún está en trámite, el Congreso tiene varias sentencias de la SCJN en donde dio revés a leyes y reformas constitucionales.
Este 2026, a través de una acción de inconstitucionalidad, la Corte inició el procedimiento para derogar artículos de diez leyes de ingresos municipales en las que el Congreso aprobó un cobro de impuesto que corresponden únicamente a la federación.
Se trata de los artículos de diez leyes de ingresos 2026 de los municipios de San Marcos, Azoyú, Zirándaro, y Juchitán, por cobrar impuestos y licencias a antenas de telecomunicaciones; mientras que a las de Chilpancingo, Zihuatanejo, Tlalixtaquilla, Alpoyeca, Chilapa y Olinalá por otorgar licencias para el funcionamiento de depósito de gas LP, cuando dichos cobros competen al ámbito federal.
En 2025, en un caso similar la Corte dió revés a algunos artículos de 5 leyes de ingresos de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, y Zihuatanejo, por “cobros injustificados por el derecho a información pública”, que a consideración de la Corte violaban el derecho de acceso a la información.
La Corte falló en contra del Congreso y pidió eliminar dichos cobros, dos meses antes de acabar el año.
Además de esos 15 reveses a leyes municipales, hay otras tres controversias constitucionales en las que la Corte determinó que el Congreso cometió errores en la legislación.
La primera fue contra la armonización de la reforma al poder Judicial local, en la que detectó errores en el método de insaculación para elegir a los candidatos por parte de los tres poderes del estado, y porque contrario a la norma federal, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, en lo local, se elegirán entre ellos y no por voto popular como sí lo fue a nivel nacional.
En 2025 la Corte invalidó un artículo del Código Penal del estado en el que exceptuaba a los padres y madres de familia de ser sancionados por someter a sus hijos menores a terapias de conversión para anular su orientación sexual.
Los ministros invalidaron el último párrafo del artículo 177 del Código, derivado de una reforma de junio del 2024, que señalaba que “quedan exceptuados de este tipo penal los Padres de Familia y/o quienes ejerzan custodia o Patria potestad respecto a los menores y adolescentes”
En Abril del 2026 la Corte invalidó la Ley 882 para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la condición de Espectro Autista del Estado, por considerar que el Congreso del Estado, al aprobar dicho ordenamiento, no cumplió con los estándares contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La última sentencia fue en el caso de la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien tramitó una controversia constitucional contra la Auditoría Superior del Estado (ASE) por auditarle 898 millones de pesos de presupuesto federal.
Los ministros dieron razón a López Rodríguez y determinaron que la ASE no puede auditar presupuesto de la federación.